Razones
Jorge Fernández Menéndez
No, el TMEC no desaparece con la decisión de Estados Unidos de no prorrogarlo, pero tampoco queda igual: el tratado permanece pero las revisiones se harán año por año, comienzan este 20 de julio, y sobre la mesa están toda una serie de temas que tienen que ver con lo comercial, como la energía, la agricultura y muchos otros temas, pero que también tienen relación directa con la visión que quiere imponer Estados Unidos (y que podría ser deseable para nosotros como país) de no sólo integrar cadenas de producción sino de construir una región con normas comunes en seguridad, seguridad jurídica, migración y muchos otros temas.
En esa renegociación se tendrá que establecer, más temprano o más tarde, un acuerdo bilateral o trilateral de seguridad que debe ir mucho más allá de cualquiera de los que se han establecido hasta ahora.
Un acuerdo de este tipo, un tratado común de seguridad, transformaría la relación y daría certidumbre no sólo en el ámbito económico y comercial sino también en la lucha contra el crimen organizado.
Hoy estamos cada día más lejos de ello: la relación está en su momento más frío en lo que va de este sexenio. La reunión del pasado 12 de junio en Palacio Nacional, fue, más allá de lo que se dijo en los comunicados, un fracaso, sin un solo tema concreto con avances: fue una decepción.
El comunicado del FinCen y la OFAC con sanciones contra dos operadores financieros del CJNG y nueve empresas, introduce un capítulo inédito en la relación: por primera vez se cruzan el contrabando de combustible (un delito binacional), con una organización narcoterrorista, como denomina el gobierno de Estados Unidos a los cárteles mexicanos, en este caso el CJNG, con dirigentes y fuerzas políticas, al decir que parte de los recursos de esa red se usaron para financiar campañas políticas y electorales (las de 2021 y 2024). Por primera vez el huachicol fiscal dejó de ser considerado únicamente un delito económico para convertirse en un mecanismo de financiamiento de organizaciones criminales catalogadas como terroristas y a la vez de campañas y fuerzas políticas, incluyendo, dice, medios de comunicación. Es el anticipo de una etapa de mayor presión financiera y de posibles sanciones contra redes empresariales, políticos, partidos y estructuras que faciliten estas operaciones.
Nadie debería sorprenderse: hace meses el New York Times, escribió sobre la preocupación por la penetración en el sistema de radio y televisión pública que maneja Jenaro Villamil; un reportaje de Reuters, producto de información proporcionada por fuentes gubernamentales, ya adelantaba lo que el comunicado FinCen-OFAC confirmó esta semana; el director de la DEA, Terry Cole decía un video que se pondría el acento en los “beneficiarios” de la labor de los grupos como el CJNG y el cártel de Sinaloa, identificados como el objetivo número uno de esa agencia; Markwayne Mullin, el director del Homeland Security, declaró que «no hay un solo centímetro» de la frontera norte de México que no esté controlado por alguna de las organizaciones criminales.
Se siguen acumulando las filtraciones sobre políticos investigados, con visas canceladas, convertidos en colaboradores de la justicia estadoundiense para librarse de sus propios delitos, y la atonía gubernamental es absoluta, incluso con personajes como el gobernador Rubén Rocha o el senador Enrique Inzunza que son a estas alturas indefendibles. Una de las empresas del CJNG sancionadas esta semana, Ahavat Logistic, Comercializadora de Petrolíferos, tiene relación con el gobierno de Rocha: todo indica que el gobierno estatal le compraba combustible de contrabando a esa empresa. Su propietario José Refugio Ruiz Villagonez, es el dueño de otra empresa, Jomadi, también denunciada y que participaba no sólo de la red de tráfico de combustible sino de una red mayor que involucraba al gobierno de Maduro en Venezuela. Y no es un dato menor que esas empresas sean del CJNG operando en Sinaloa.
Sin acuerdos en seguridad, tendremos un TMEC cojo y limitado, continuamente bajo presión y con la posibilidad de que la adminsitración Trump termine simplemente retirándose del tratado comercial.
La reforma judicial y el TMEC
En diciembre del 2024 decíamos aquí “que más temprano que tarde, el gobierno federal tendrá que decidir si avanza con la reforma judicial, así como está planteada y renuncia al TMEC o cumple con éste y adecúa la reforma a lo que el tratado estipula. No es un tema de interpretaciones, estamos hablando de la letra del propia TMEC.
“En el capítulo XXI sobre política de competencia del T-MEC se señala que cada parte proporcionará a una persona que esté sujeta a la imposición de una multa, sanción o medida correctiva por violación de sus leyes nacionales de competencia, la oportunidad de solicitar la revisión judicial por una corte o tribunal independiente, incluyendo la revisión de supuestos errores sustantivos o procesales, a menos que la persona acepte voluntariamente la imposición de la multa, sanción o medida correctiva”. Lo mismo dice en el Capítulo XIV del T-MEC referente a la inversión y en el capítulo XXIII sobre política laboral.
Con la elección de jueces, magistrados y ministros por vía del voto popular y con candidaturas propuestas por el Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión, se compromete la garantía de tribunales independiente”. Fue en diciembre del 24.
Oscar Levin Coppel
Falleció, prematuramente, Oscar Levin Coppel, un político inteligente, talentoso, divertido, un buen economista y mejor persona. Uno de esos políticos que hoy son escasos y que hacen tanta falta. Descanse en paz.
