Ricardo Becerra
Para las y los funcionarios del servicio profesional electoral, a quienes tanto debe, la democracia mexicana.
Corren horas sombrías para nuestra política, nuestra democracia y nuestra República. El presidente López Obrador y su obediente coalición, avanzan puntualmente en el libreto de la destrucción que han seguido los Putin, los Orbán, los Erdogán y demás pléyade de autoritarios: polariza incesantemente, humilla al poder legislativo y finalmente, demuele a la autoridad electoral. Cuatro años le bastaron para recorrer la trayectoria completa de la antidemocracia y en este mes, sabremos si alcanza con el propósito de quebrar al sistema electoral mexicano.
Hay una enorme preocupación, una movilización de cientos de miles, artículos publicados, pruebas ventiladas en medios de comunicación y estudios de todo tipo que tornan evidente el daño contenido en las leyes que el presidente se obstina en reformar. Los senadores no podrían encogerse de hombros y fingir que no existe la suficiente argumentación para detener una regresión política que México no había visto en cuarenta años.
Les faltan al respeto y se lo faltan a sí mismos, las y los diputados que fueron capaces de votar un proyecto que no conocieron, ni leyeron, pero lo más importante es que al incurrir en esos vicios, violentaron al proceso legislativo en todos sus términos y por la prisa, incorporaron más y más artículos inconstitucionales y anticonstitucionales.
La violación está en el procedimiento (no publicaron la iniciativa, no fue turnada a comisiones y ni siquiera se elaboró el dictamen respectivo), además de que no hubo la mínima búsqueda de diálogo y acuerdos elementales con la oposición.
Es anticonstitucional en la forma como también en el fondo: el propio senador Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena, ha admitido y señalado en tres páginas lacónicas pero elocuentes, 21 puntos a los que llama un “bloque de inconstitucionalidad”, razones de sobre para discutir con rigor y seriedad ese plan “B”, que se convirtió ayer en el “C” del presidente de la república, precisamente por sus yerros.
Pero dentro de las minutas del Senado el propósito central permanece: reducir la estructura del INE (el 85 por ciento del personal desconcentrado), restarle capacidades operativas, atiborrar de obligaciones a los funcionarios y minar su autoridad.
Desprofesionaliza y complica todas las tareas vitales de organización de la elección, apresurando los tiempos, disminuyendo y minusvaluando la capacidad técnica del personal. Estamos hablando de un desperdicio de capacidad profesional -reconocido por tirios y troyanos, internacionalmente- que México desarrolló en los últimos treinta años.
Y lo más importante: ese retroceso es el anuncio anticipado de una crisis política mayor. De aprobarse, estaríamos ante una elección presidencial en la que no hay acuerdo ni en torno a las reglas ni en torno al diseño del arbitraje electoral y en donde el gobierno está dispuesto a intervenir e interferir eliminando reglas y leyes que se lo impedían. La potencial crisis política de esta situación apenas y puede disimularse.
Puede decirse que la nuestra es una democracia imperfecta o enferma, pero es mucho más fácil sanarla, reformarla razonablemente que, mediante una operación abusiva, apresurada y unilateral, la traigamos luego, de vuelta, de entre los muertos. Y es que es posible que hoy, México empiece una edad política, después de que tuvo democracia.
