Ricardo Monreal Ávila
Hace ocho meses, el 27 de junio, 53 migrantes irregulares fallecieron en un tráiler al suroeste de la ciudad estadounidense de San Antonio, Texas, un terrible y desolador suceso del que los Gobiernos del vecino país y del nuestro responsabilizaron a traficantes de seres humanos. El presente mes, las autoridades contabilizan más de medio centenar de personas migrantes fallecidas en México y Panamá.
Asimismo, el pasado mes de enero el Centro de Derechos Humanos del Sur de Texas documentó la desaparición de 65 personas migrantes que “cruzan la frontera con ayuda de coyotes”; tan solo el condado de Brooks, de ese estado, desde 2009 ha recuperado los cuerpos de 920 personas. Para esta organización no gubernamental las políticas de disuasión en las fronteras son responsables de la pérdida de vidas.
Lo cierto es que la peligrosidad de las rutas para movilizarse de manera ilícita entre fronteras se ha incrementado rápida y considerablemente, ya sea por la presencia de agentes fronterizos o por nuevas medidas migratorias que obligan a usar vías aisladas e inseguras, arriesgando la vida, para no tener encuentros con la autoridad correspondiente.
La Organización Internacional para las Migraciones urge a abordar la migración irregular sin que nadie tenga que exponer su vida, y aboga por la flexibilización de las medidas hacia una migración regular sin obstáculos, ya que dificultarla no la contiene, sino que la hace más peligrosa.
La movilidad humana entre fronteras es una realidad que no se detendrá y que requiere acciones a corto, mediano y largo plazos que la incentiven por vías regulares. El sociólogo y director del Servicio Nacional de Migraciones del Gobierno de Chile, Luis Eduardo Thayer, visibiliza que las medidas que conllevan cierres de fronteras, aun con ciertos procesos de regulación migratoria, son una forma de “producción de su irregularidad”, ya que limitan las posibilidades de migrar o solicitar asilo.
Se trata de medidas que de cierta manera favorecen a algunas personas y discriminan a otras; logran parcial y temporalmente reducir los encuentros en las fronteras con las autoridades migratorias, pero incrementan la peligrosidad en las vías irregulares y vulneran derechos. Para Thayer, “las políticas de seguridad fronteriza activan todo un complejo sistema de incentivos a la inseguridad migratoria”.
En este contexto, el próximo mes de mayo expirará la medida sanitaria implementada por el Gobierno estadounidense avalada por el Título 42, y posiblemente se implementará bajo el Título 8 la inelegibilidad de las personas migrantes para solicitar asilo si cruzan la frontera de manera ilegal sin haber buscado ni obtenido protección en un país de tránsito hacia Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional de la Unión Americana busca “desincentivar los cruces fronterizos peligrosos”.
Si bien la medida contempla excepciones (demostrar la barrera del idioma, el analfabetismo, ser menor no acompañado o víctima de amenazas extremas a la vida), diversas organizaciones no gubernamentales consideran la norma casi un veto total al derecho al asilo.
Como he escrito anteriormente, mientras no se logren los acuerdos bilaterales y regionales necesarios para la gestión de vías de ingreso regular, las personas migrantes continuarán arriesgándose. Y en tanto no se aborden los diversos factores que obligan a la gente a migrar ni se implementen vías de acceso regulares con base en la realidad del propio flujo migratorio, los seres humanos seguirán perdiendo más quedándose en sus países de origen que arriesgándolo todo —hasta la vida— tratando de llegar a Estados Unidos.
Las políticas restrictivas y la resistencia a la gestión de permisos laborales, entre otras medidas, siguen sin dar resultados a largo plazo. Insisto en que se requiere de nuevas estrategias en torno a la migración; examinar el análisis de datos; estudiar la oferta y la demanda de mano de obra; esquemas coordinados de prevención y seguimiento de delitos contra las personas migrantes, e instrumentar marcos legislativos y políticas públicas hacia la integración social y productiva en los países de acogida.
Migrar en condiciones seguras, regulares y ordenadas es un derecho humano, que debe abrir y no cerrar canales.
