Ricardo Monreal Ávila
La normalización de actos violentos está ligada a las condiciones socioculturales y políticas del propio entorno. Para combatirla, se requieren cambios y soluciones que aborden de manera integral las variables mismas que generan tales hechos.
En semanas recientes, en Estados Unidos se dio una ola de tiroteos masivos que pone en alerta no sólo a ese país, sino también a nuestra región. Si bien no existe un criterio único para definir a esos fenómenos, el grupo de investigación Gun Violence Archive contabiliza todo tipo de violencia armada; es decir, que todo disparo hacia una víctima (mortal o no) se considera violencia con arma de fuego, ya sea en defensa propia o incluso un disparo por parte de un oficial. Sin importar la razón, el hecho en sí es de naturaleza violenta y con una alta probabilidad de desenlace trágico.
La indiferencia contra la habitual violencia con armas de fuego, según personas expertas, se ha traducido en sucesos más mortales y frecuentes. El contexto implica a la interpretación de la Segunda Enmienda de Estados Unidos (que permite a cualquier ciudadana o ciudadano la posesión de armamento); a la poderosa industria de armas civiles, con un valor de 19,500 millones de dólares; al cabildeo de la Asociación Nacional del Rifle, que abiertamente se opone a que el Congreso apruebe medidas de control, y a la facilidad de acceso a armas de fuego.
Lo anterior suma para que en la Unión Americana existan 120 armas de fuego por cada 100 habitantes, hecho que lo convierte en el único país con más armas civiles que personas.
El escenario parece estar predispuesto: fácil acceso a la amplia oferta de insumos, en paralelo con un sistema de salud mental saturado, lo que resulta en que Estados Unidos tenga una tasa de muertes por violencia de armas de fuego 13 veces más elevada que el promedio de otros países de rentas altas.
El debate en cuanto al control de armas de fuego se retoma de nuevo en el Congreso estadounidense. El presidente Joe Biden, en su discurso a la nación el jueves pasado, se ha referido a estos hechos como “carnicería”, y pidió al Congreso la aprobación de medidas de control de armas. “No se trata de quitarle los derechos a nadie. Se trata de proteger comunidades enteras”.
En tanto, el debate en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes se centra en un mayor control de armas de asalto y cargadores de alta capacidad; aumentar a 21 años la edad para su compra; reforzar la verificación de antecedentes, y promulgar leyes de almacenamiento seguro, entre otros aspectos. Sin embargo, para que estas medidas se concreten, en el Senado se requiere un mínimo de diez votos republicanos a favor.
Por otro lado, sólo un 52 por ciento de las y los estadounidenses cree que este tipo de leyes deberían endurecerse, y en Ohio fue aprobada una normatividad que permitirá al personal educativo estar armado, para enfrentar a posibles tiradores.
Mientras el debate legislativo estadounidense continúa, en Chile el presidente Gabriel Boric pidió al Congreso su apoyo para aprobar una ley hacia la prohibición total de tenencia de armas, y Nueva Zelanda es ejemplo de que un mayor control en la venta de armas resulta en un 35 por ciento menos de muertes por arma de fuego per cápita.
Por otra parte, la semana pasada, el Gobierno de Canadá presentó un proyecto de ley (Bill C-21) que “incluye una moratoria casi total de la compraventa, transferencia e importación de armas de fuego para los particulares”, entre otros temas relacionados. En los días posteriores, esta propuesta desató un aumento en la venta de armas a personas.
Del otro lado del mundo también habrá que estar alertas sobre la gran accesibilidad de armas, que podrían terminar en manos del crimen organizado una vez que concluya el conflicto entre Rusia y Ucrania.
Nuestro país no es ajeno a esta problemática. El 80 por ciento de las armas de fuego incautadas en escenas de crimen fueron rastreadas hasta Estados Unidos, al igual que la mitad de las confiscadas en Belice, El Salvador, Honduras y Panamá.
De ahí el énfasis de la medida que el Gobierno de México ha impulsado para combatir el tráfico y desvío de armas ligeras y pequeñas, que derivó en una demanda contra fabricantes estadounidenses de armamento.
Por otra parte, hechos —no vinculantes— como el voto de accionistas de Sturm Ruger, un fabricante de armas estadounidense, instando a la compañía a contratar una empresa externa para estudiar el impacto de sus productos en los derechos humanos es una presión positiva para tomar acción.
Sin duda, toda posibilidad se debe analizar a conciencia; el fin último, eliminar la violencia armada y los tiroteos masivos.
