Ricardo Monreal Ávila
Perú se encuentra inmerso en intensas protestas, enfrentamientos e incertidumbre. El estallido social se desató luego de que el 7 de diciembre el presidente Pedro Castillo fuera destituido por el Congreso, y detenido y acusado por rebelión, tras ordenar sorpresivamente disolver de manera temporal el Congreso e instaurar un Gobierno de emergencia excepcional, convocar elecciones parlamentarias y elaborar una nueva Constitución. Enseguida, la vicepresidenta Dina Boluarte fue proclamada presidenta de la nación.
La destitución de Castillo desató una ola de protestas, bloqueos de vías de comunicación, tomas de aeropuertos y suspensión de actividades. Asimismo, el Gobierno declaró estado de emergencia en todo el país. Las manifestaciones, que se extendieron por todo el territorio, son especialmente violentas en algunas zonas donde, además, la represión policial es mayor, como en el sur. En esta región, la violencia se desbordó, particularmente en el departamento de Puno, donde 19 personas murieron en la ciudad de Juliaca el pasado 10 de enero. El uso de la fuerza causó indignación y llevó a las personas manifestantes hasta Lima.
Como paréntesis, cabe mencionar que en la elección presidencial Pedro Castillo obtuvo una alta votación a favor (más del 80 por ciento) en los departamentos de Arequipa, Apurímac, Ayacucho, Cuzco y Puno —que integran la sierra sur de Perú—, en los cuales la población quechuahablante está dedicada mayoritariamente a la agricultura, y cuyos habitantes se sienten excluidos y sufren el mayor racismo. Allí existe también una mayor oposición al centralismo limeño. Ya en funciones, mientras la capital del país reclamaba al presidente una mala gestión y la sombra de la corrupción, el sur lo criticó por no convocar a una asamblea constituyente ni cumplir otras promesas de campaña.
En la capital, los disturbios se presentaron recientemente tras la llegada de manifestantes bajo la convocatoria a “la toma de Lima”. Este llamamiento, lanzado por diversas organizaciones y colectivos de comunidades indígenas, agrupaciones vecinales y estudiantes del sur, encontró el apoyo del alumnado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Universidad Nacional de Ingeniería, así como de la Confederación General de Trabajadores del Perú, uno de los principales sindicatos del país.
Las plazas San Martín y Dos de Mayo, junto con el campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, congregaron a miles de personas de diferentes puntos. Las peticiones y los reclamos son diversos, pero el objetivo compartido está en el cierre del Congreso, la renuncia inmediata de Boluarte, la convocatoria urgente de elecciones para el Ejecutivo y el Legislativo, una nueva Constitución y la liberación de Castillo.
Boluarte, quien reiteró que no renunciará a la Presidencia, rechazó la protesta en la capital y acusó a las personas manifestantes de buscar quebrar el Estado de derecho. No obstante, la inestabilidad política e institucional que vive Perú desde hace varios años también amenaza su gestión: una reciente encuesta de Ipsos Perú señala que el 20 por ciento de la población la aprueba, contra el 71 por ciento, que la desaprueba.
En el marco de esta crisis político-institucional, Perú atraviesa el peor momento de violencia política, fruto de las profundas divisiones que se fueron ahondando. Las clases han sido suspendidas, el Gobierno recomendó a las empresas facilitar el teletrabajo, y el turismo está afectado. A la espera de salir de este impasse, las demandas son ya mayores. Anticipar las elecciones y la dimisión de Boluarte apenas serían el principio para una reforma estructural que involucre lo institucional, lo político, lo social y lo económico.
Varios legisladores y gobernadores regionales expresaron su intención de celebrar una asamblea constituyente, como probable solución al caos que vive el país. Un proceso que deberá enmarcarse en los límites jurídico-constitucionales y políticos que prevalecen actualmente en Perú. La iniciativa ya había sido planteada por Castillo en abril de 2022, pero ahora se requerirá el esfuerzo de los diversos actores en un momento en que los anhelos por consolidar la paz se convirtieron en parte fundamental para cimentar el cambio político.
En el Senado de México lamentamos el conflicto y nos unimos al dolor por la pérdida de vidas humanas. Es necesario que Perú recupere la gobernanza por la vía democrática y observando en todo momento medidas que aseguren el total respeto a los derechos humanos.
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