II PARTE
Samuel Farber
El elenco económico ruso en Cuba
Dado el énfasis ruso en la importancia de la propiedad privada empresarial, es altamente significativo que los principales enviados de Putin a Cuba para negociar la nueva relación económica sean personajes asociados con la derecha rusa del mundo de la política. El mencionado Titov ha sido Comisionado Presidencial para los Derechos Empresariales desde 2012, y es un empresario y político que encabeza el pequeño Partido para el Crecimiento Económico, previamente conocido como partido Causa de Derecha. Como tal, Titov se ha prestado para las farsas electorales de Putin, que permite la existencia de pequeños partidos con posibilidad de postular candidatos propios pero que eventualmente apoyan a Putin cuando este es electo. En las elecciones presidenciales de 2018 Titov terminó en sexto lugar, con 0.76% del voto total.
Otro de los personajes importantes que Putin envió a Cuba es Dmitry Chernyshenko, viceprimer ministro encargado de Turismo, Deportes, Cultura y Comunicaciones desde 2020. También ha ocupado posiciones como alto ejecutivo en instituciones bancarias y de los medios de comunicación. Fue presidente del Comité Olímpico para las olimpiadas de invierno celebradas en Sochi en 2014 y, como un ejemplo más de las penetraciones mafiosas en instituciones rusas, fue removido en 2021 de la Comisión Coordinadora Beijing 2022 por el Comité Olímpico Internacional, dado su involucramiento en un escándalo de dopaje.
No cabe duda, sin embargo, de que la más chocante nueva presencia rusa en Cuba la constituye el Instituto para la Economía del Crecimiento Stolypin P.A. Nombrado así en honor de Piotr A. Stolypin, primer ministro y ministro del Interior del gobierno zarista desde 1906 hasta su asesinato en 2011. Tuvo un papel sumamente importante como parte de la ola reaccionaria ante la revolución rusa de 1905 y su posterior derrota. Fue un represor enérgico y violento de los partidos y grupos opuestos a la tiranía zarista, pero al mismo tiempo trató de modernizar la muy anticuada y feudal —en sus aspectos técnicos, económicos y sociales— agricultura.
El proyecto de Stolypin fue en realidad una versión de lo que Antonio Gramsci llamaría más tarde «revolución pasiva». En este caso, una modernización agrícola desde arriba que no perjudicó a los terratenientes y solo los benefició a ellos y a los campesinos prósperos (Kulaks). Como V. I. Lenin explicó en su artículo «Una comparación del programa agrario de Stolypin y de los Narodniks», de 1912, Stolypin reconoció que era necesaria una ruptura total y rápida de la tenencia de la tierra en Rusia:
«(…) pero la ruptura tiene que ocurrir de manera que toda la carga caiga sobre los hombros de la mayoría de los campesinos —de los más arruinados y desafortunados de ellos. Los terratenientes no deben perder nada en este proceso. Si es inevitable que pierdan parte de sus tierras (…) esto debe ocurrir con el libre consentimiento de los terratenientes, y a un precio que ellos consideren justo. Los campesinos prósperos [kulaks] deben ser apoyados, y no hay razón para intentar prevenir la ruina de la masa de campesinos “débiles”». (Lenin Collected Works, Progress Publishers, vol. 18, 143-149, 1975).
Respecto a la Rusia actual, el Instituto Stolypin propone que debe cambiar de un modelo basado en la exportación de materias primas al modelo «competitivo» cimentado en el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, mejorar la productividad del trabajo en el sector privado, crear una nueva economía digital, y un sector social que funcione bien (eufemismo para significar que sea lo más pequeño y con los menores gastos posibles).
Según el referido instituto, la incertidumbre económica que reina en Rusia es el problema principal, a tal grado que impide que la economía crezca. Lo que necesitamos, insisten, es certidumbre en la política económica y social. Es de suma importancia notar que el Instituto Stolypin no dice ni una palabra sobre la que indudablemente constituye fuente principal de las arbitrariedades que producen dicha incertidumbre: la ausencia de democracia en Rusia en todos los sentidos de la palabra, y por ende, la ausencia de un estado de derecho. El silencio respecto a este problema fundamental del sistema político y económico ruso es mucho más elocuente que todo lo que sus publicaciones y voceros han expresado.
Lo que no sabemos todavía es hasta donde está dispuesto a llegar el Instituto Stolypin en su asesoría y consejos a los jerarcas económicos y políticos del supuesto estado «marxista-leninista» cubano, y como responderían esos jerarcas a la intromisión de la derecha rusa en los asuntos domésticos de la Isla. Si la intervención económica rusa no se refleja en una mejora significativa de la economía cubana que hasta cierto grado compense un aumento significativo de la intromisión política y corrupción causada por dicha intervención, la respuesta de los cubanos —sean burócratas, trabajadores o profesionales—, será sumamente negativa.
La situación de la economía cubana
Para comprender cabalmente el porqué de las iniciativas rusas en Cuba en 2023 y la recepción tan positiva del gobierno cubano, hay que tomar en cuenta la profunda crisis económica que está atravesando la Isla, la cual se acerca en sus dimensiones al desastre económico ocurrido a raíz del colapso del bloque soviético a principios de los noventa. Cuba sufre hoy una grave escasez de productos básicos para la alimentación y salud de su población, con el destape de una tasa de inflación que llegó en abril de 2023 a 45 %. Dada esa situación, no es de extrañar que el valor del dólar se cotice a 245 pesos. Esto es prácticamente diez veces la tasa de 24 a 1, que prevaleció por varios años hasta tiempos recientes.
Hace mucho tiempo que la economía insular está en caída, ya que la tasa de inversión está muy por debajo de lo requerido para mantener e incrementar la producción y el nivel de vida, y aún menos para el crecimiento económico esencial que mejore significativamente las condiciones y calidad de vida de las grandes mayorías populares. Hay también que considerar que, a más largo plazo, el sistema imperante en Cuba es profundamente burocrático y sistemáticamente genera ineficiencia y arbitrariedad en los burócratas y apatía e indiferencia en los trabajadores, que no tienen estímulos e incentivos —y mucho menos el control desde abajo—, para hacer una buena labor, sea en la producción de bienes o de servicios.
Uno de los resultados más evidentes de la crisis, ha sido la ola emigratoria más grande que Cuba haya jamás presenciado. Esta fue permitida, e indirectamente estimulada, por el gobierno, dado que desde noviembre del 2021 los cubanos no requieren visa para entrar a Nicaragua, de donde emprenden el largo, costoso y frecuentemente peligroso viaje a la frontera mexicana con Estados Unidos.
Como aliada del gobierno cubano, Nicaragua no hubiera establecido esa política sin por lo menos su consentimiento, y probablemente lo decidió a petición suya. Se calcula para fines de 2023, que en los dos últimos años más de 450,000 cubanos habrán emigrado, una cifra extraordinaria para un país que cuenta con 11 millones de habitantes. La emigración agravará la crisis demográfica experimentada por un buen número de años, especialmente si tenemos en cuenta que es la gente joven, en edad de reproducirse, la más propensa a emigrar.
Entre las causas inmediatas de la crisis actual, es necesario incluir el gran impacto que tuvo la pandemia de COVID al reducir dramáticamente la entrada de turistas a Cuba, las medidas de Donald Trump que empeoraron el impacto del bloqueo y que el presidente Biden ha modificado a un grado limitado. Por su parte, la torpeza e incompetencia del gobierno cubano jugó un rol importante, en particular en lo concerniente al «Ordenamiento», reforma monetaria que provocó una enorme inflación (prevista por muchos economistas cubanos, como Carmelo Mesa-Lago) causada por una evaluación muy alta del peso cubano sin que hubiera aumentado la productividad de la economía, y durante la gran escasez de dólares y euros provocada por la caída del turismo.
Otro resultado de la crisis fue que el gobierno cubano relajó sus controles sobre la economía en 2021 y permitió la expansión del sector privado al legalizar las MIPYMES (micro, pequeñas y medianas empresas), que en el caso de las de tamaño mediano pueden legalmente tener hasta cien empleados. Es muy temprano para apreciar las posibles consecuencias de este cambio en la política económica del régimen, sin embargo, hay un aspecto de la creación de las MIPYMES que adquiere especial relevancia en el contexto de la nueva política económica rusa en Cuba.
Aquí me refiero a los vínculos de algunos exitosos propietarios de MIPYMES con el gobierno cubano, y particularmente con la Seguridad del Estado. Como señalé en un artículo anterior («El Declive del Comunismo Rentista en Cuba», La Joven Cuba, 7 de noviembre de 2022), existe el caso de la aparentemente exitosa fábrica de zapatos Jona´s Surl, localizada en la zona central de Camajuaní, cuyo asesor jurídico es un tal Yoandry Riverón, identificado como el «agente Cristian» de la Seguridad del Estado e involucrado en la expulsión de varios alumnos y profesores de la Universidad Central de Las Villas.
Como sabemos, los silovikis (hombres fuertes) cercanos a Putin, provienen de los servicios secretos y fuerzas armadas rusas. Ese es el caso del propio Vladimir Putin, que fue por muchos años agente de la Seguridad del Estado soviético en Alemania. Dicho grupo ha jugado un papel sumamente importante en el desarrollo del capitalismo autoritario y gansteril de la Federación Rusa. Por supuesto, queda por ver cómo esas tendencias en Cuba se conjugan con la nueva influencia del capitalismo de estado ruso en la Isla.
En todo caso, la nueva política rusa en Cuba debe ser vista con mucho escepticismo en lo que se refiere a la posibilidad de que tenga una influencia determinante sobre los destinos insulares, especialmente en términos económicos. Los posibles aportes de la Federación Rusa no parecen estar a la altura de las necesidades de Cuba, por lo menos en lo que relativo a la economía, aparte del hecho de que es muy posible que se traduzca en un aumento cualitativo de la corrupción y crisis social, así como en la adopción más abierta de un capitalismo de estado gansteril.
