Historias de NegoCEOs
Mario Maldonado
El Mundial de Futbol le dio a Samuel García la vitrina internacional que buscaba desde que Nuevo León obtuvo la sede de varios partidos. El gobernador convirtió el torneo en una plataforma de promoción personal y política. El problema es que no se limitó a presumir la capacidad organizativa del estado, sino que decidió apropiarse del color naranja de la selección de Países Bajos, el mismo que identifica a Movimiento Ciudadano, y montó alrededor de la llamada Orange Party una estrategia de comunicación que desdibujó la frontera entre la promoción turística y la propaganda gubernamental.
La apuesta fue total. Samuel García recibió el Orange Bus en la frontera, encabezó caravanas, acompañó a los aficionados neerlandeses, entregó sombreros norteños a los jugadores y apareció apoyando a Países Bajos en videos oficiales. El gobierno repartió miles de playeras naranjas con la leyenda “Nuevo León”, movilizó personal y utilizó incluso helicópteros Black Hawk del estado para registrar imágenes de los recorridos. Las críticas no tardaron. La oposición acusó el uso de recursos públicos para fortalecer la identidad visual de Movimiento Ciudadano y convertir un evento deportivo en una campaña anticipada.
Pero el futbol tiene la mala (o buena) costumbre de arruinar estrategias políticas. Países Bajos quedó eliminado en Monterrey frente a Marruecos después de una dramática definición por penales. Lo que debía convertirse en la consolidación de la “ola naranja” terminó generando un efecto boomerang. Las redes sociales se inundaron de burlas hacia el gobernador, a quien convirtieron en un símbolo de mala suerte después de que también había mostrado públicamente su apoyo a Japón, otra selección que quedó fuera del torneo.
El golpe no se quedó en las redes, el principal bastión de García. Dentro del Estadio BBVA ocurrió un fenómeno político poco común. Miles de aficionados regiomontanos, molestos por la evidente apropiación gubernamental del color naranja, terminaron alentando a Marruecos. Los seguidores africanos ya habían conquistado la Macroplaza con su entusiasmo y hospitalidad, pero el respaldo masivo llegó cuando buena parte del público decidió tomar distancia del montaje oficial. Cada avance neerlandés fue recibido con silbidos. Cada ataque marroquí con una ovación. La fiesta diseñada por el gobierno terminó convertida en una protesta espontánea.
Samuel García intentó contener el daño con un mensaje de felicitación para Marruecos y destacando la organización del Mundial en Monterrey. Evitó, sin embargo, responder a las preguntas sobre el uso de recursos públicos para una estrategia de promoción que apenas sobrevivió unos cuantos días. Tampoco explicó el despliegue de aeronaves oficiales ni el costo de una campaña cuya vida útil terminó con el penal definitivo convertido por Ismael Saibari.
Así, mientras el gobernador regiomontano buscaba proyectar una imagen internacional de liderazgo, el Congreso de Nuevo León activó un nuevo procedimiento de juicio político por presuntas triangulaciones de recursos públicos y posibles actos de corrupción. Asimismo, Morena presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República por presuntos conflictos de interés, promoción personalizada y un esquema financiero que, según los denunciantes, habría canalizado recursos públicos hacia despachos relacionados con la familia del gobernador. Samuel García rechaza todas las acusaciones y sostiene que se trata de una persecución política, además de afirmar que varias de esas investigaciones ya fueron revisadas por autoridades locales.
A ello se suman nuevos documentos sobre operaciones financieras atribuidas a su padre, Samuel Orlando García Mascorro, que describen depósitos en efectivo, retiros, transferencias provenientes de entes públicos y movimientos patrimoniales que ahora forman parte del escrutinio político y mediático alrededor del mandatario.
Hace unos meses Samuel García parecía concentrado en construir una plataforma para influir en la sucesión de 2027 mediante la posible candidatura de su esposa Mariana Rodríguez, pero las cosas se deterioraron rápidamente.Hoy el horizonte del gobernador de MC luce más que sombrío.
Posdata 1
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, decidió adelantarse a la reunión de este martes sobre la revisión del T-MEC y publicó un esquema que busca disipar una de las mayores incertidumbres que han rodeado al tratado desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. El documento explica que el escenario ideal consiste en que México, Estados Unidos y Canadá acuerden extender desde ahora la vigencia del tratado hasta 2042. Sin embargo, también deja claro que la negativa de uno de los socios no implica la cancelación del acuerdo. Si no existe consenso, el T-MEC permanece vigente y entra en un mecanismo de revisiones anuales, con la posibilidad de alcanzar posteriormente la extensión. Sólo si durante ese periodo nunca se logra un acuerdo, el tratado concluiría en 2036. Ese es precisamente el escenario que ahora comienza a perfilarse tras la decisión que prepara Washington.
La postura estadounidense tampoco representa una ruptura inmediata. De acuerdo con Reuters, la administración Trump pretende utilizar el mecanismo de revisión para presionar cambios de fondo, particularmente en las reglas de origen de la industria automotriz, el aumento del contenido estadounidense en la producción regional y nuevas restricciones para evitar que mercancías chinas aprovechen los beneficios del tratado. Incluso ya existe una tercera ronda de negociaciones entre México y Estados Unidos programada para julio, lo que confirma que el proceso apenas comienza.
La publicación de Ebrard tiene una doble lectura. Por un lado, busca explicar técnicamente que el T-MEC no desaparece este miércoles. Por otro, intenta enviar una señal de certidumbre a inversionistas y mercados frente a una decisión política que inevitablemente elevará la presión sobre la negociación. La revisión formal inicia con una posición endurecida de Estados Unidos, pero también con un mecanismo jurídico que ofrece varios años de margen antes de pensar en el fin del principal acuerdo comercial de América del Norte.
Posdata 2
El banco suizo UBS reportó que México sumó 8 mil 724 nuevos millonarios en dólares durante 2025, con lo que el país alcanzó una población de 333 mil personas con patrimonios superiores al millón de dólares. El dato proviene del más reciente Global Wealth Report y coloca a México como el segundo país de América Latina con más millonarios, sólo detrás de Brasil. Además, 29 mil mexicanos poseen fortunas de entre 5 y 100 millones de dólares.
El informe también muestra que los hogares mexicanos mantienen un nivel de endeudamiento equivalente a apenas 5.2% de su riqueza bruta, uno de los más bajos entre las economías analizadas. Ese entorno ha favorecido la acumulación de patrimonio entre los segmentos de mayores ingresos, aun cuando la economía mexicana enfrenta una desaceleración y el empleo formal pierde dinamismo.
A nivel mundial, UBS calcula que durante 2025 surgieron casi un millón de nuevos millonarios, impulsados principalmente por el desempeño de los mercados financieros y la apreciación de los activos. Estados Unidos concentró cerca de la mitad de esas nuevas fortunas y la riqueza global registró uno de sus mayores crecimientos de la última década. El incremento del patrimonio, sin embargo, también estuvo acompañado por una mayor concentración de la riqueza.
Posdata 3
La Auditoría Superior de la Federación presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia por un probable daño al erario superior a los 600 millones de pesos, derivado de irregularidades detectadas en el manejo de recursos públicos federales. El expediente involucra a funcionarios de dependencias del gobierno federal y de administraciones estatales, por lo que el alcance de las investigaciones podría extenderse a distintos niveles de gobierno si la FGR encuentra elementos para ejercer acción penal.
La denuncia representa una de las primeras pruebas para Aureliano Hernández Palacios Cardel al frente de la ASF. El nuevo auditor superior llega con la expectativa de devolverle al órgano fiscalizador el peso que perdió en los últimos años y de demostrar que las observaciones de las auditorías pueden convertirse en investigaciones, sanciones y recuperación de recursos públicos, y no sólo en procedimientos administrativos que terminan sin consecuencias.
El contraste con la gestión de David Colmenares es, inicialmente, bueno. El periodo del anterior auditor superior estuvo acompañado por críticas debido a la disminución de denuncias penales, la baja recuperación de recursos observados y la percepción de una fiscalización menos incisiva frente a casos relevantes. La denuncia por más de 600 millones de pesos será un primer indicador para saber si la nueva etapa de la Auditoría Superior de Federación marca un cambio de fondo o si la institución seguirá enfrentando cuestionamientos sobre la eficacia de su labor.
@MarioMal
