Saúl Arellano
En días recientes, el presidente de la República nos sorprendió al haber reconocido, al menos implícitamente, que se equivocó en su diagnóstico y estrategia en materia de seguridad pública. En efecto, durante los años en que estuvo en la oposición, afirmó una y otra vez que el Ejército debería regresar a los cuarteles, pues su presencia en actividades de combate a la delincuencia era motivo de riesgo permanente para los derechos humanos.
“Cambié de opinión”, fue la frase, por demás lacónica y ambigua, con la que reconoció que efectivamente lo que está haciendo ahora es radicalmente distinto a lo que había afirmado durante largos años. Y más aún, para nadie es un secreto que la iniciativa de prolongar la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad tiene una manufactura que va mucho más allá del Partido revolucionario Institucional, como promovente de la misma.
Los argumentos del Ejecutivo Federal, respecto de que no hay mando civil que resista cañonazos de dinero para mantener impoluta a la Guardia Nacional, por ejemplo, resultan a todas luces frágiles para sostener su decisión. Porque de ser así, entonces tendría que militarizarse también la Fiscalía General de la República, y, en una de esas, hasta el Poder Judicial de la Federación. En el mismo sentido cabría pensar entonces en materia de administración de los centros de reinserción social.
De otra parte, en el corto plazo tampoco se perciben muchas opciones. Ni se cuenta con la fuerza suficiente en las policías estatales y municipales para enfrentar a la criminalidad; ni tampoco se ha logrado consolidar una estrategia que dé resultados contundentes para que, más allá de toda duda razonable, podamos aceptar que se está avanzando efectivamente hacia la erradicación del crimen.
Menos lógico resulta todavía pensar, que en los cinco años adicionales que se está planteando que las Fuerzas Armadas permanezcan en las calles habrá cambios estructurales de la magnitud necesaria como para pensar que México ha dado el paso hacia el control y erradicación de la perniciosa influencia del crimen organizado en nuestro territorio.
Siendo así las cosas es que resulta pertinente preguntar. ¿cuál es la verdadera magnitud del desastre que enfrentamos? Asumiendo sin conceder, resulta interesante pensar que, dado el tamaño del problema, el presidente López Obrador ha decidido “arrojar su resto”, y jugarse buena parte de su “pase a la historia de las letras de oro”, en una de las decisiones que resulta -y que seguirá siendo-, de las más polémicas y controvertibles en su mandato.
Dicho de otro modo: ¿cuál es el diagnóstico de que dispone el presidente, que lo llevó a esta decisión aún en contra -aunque lo niegue- de las que ha presentado como sus convicciones más profundas: pacifismo, democracia y derechos humanos?
Esta cuestión conduce a uno de los temas centrales en torno al debate que está en curso, pues si algo criticó el hoy presidente a sus antecesores, principalmente a Felipe Calderón, es que “le dio un garrotazo al avispero”, sin tener un buen diagnóstico y, por lo tanto, sin tener una estrategia apropiada.
Aquí estamos ante lo mismo, porque más allá de lo que se declara en las conferencias matutinas de Palacio Nacional, y las enclenques diatribas de los propagandistas del régimen, no hay un diagnóstico público, presentado por el Gobierno Federal, de cuál es el problema al que nos enfrentamos; por lo tanto, tampoco conocemos las metas y objetivos que se persiguen con las decisiones que se están tomando.
Nadie puede afirmar hoy, en ese sentido, que el conjunto de programas sociales sean auténticas medidas de reducción de los factores que propician la violencia ay la delincuencia. Porque se argumenta una y otra vez que “se están atacando las causas estructurales”. Pero los datos de que se dispone en las fuentes oficiales de información muestran, que los programas sociales ni resuelven el problema de las desigualdades y la pobreza, ni mucho menos están llevando per se a la pacificación del país. Por ello es legítimo preguntar: ¿Qué sabe el presidente de la República, que no nos ha informado?
Más allá de los análisis que realizan los medios de comunicación a través de sus reportes noticiosos, algunas consultorías serias y lo que queda de la sociedad civil organizada en esta materia, no tenemos claridad de cuáles son las bandas criminales más peligrosas, cuál es su capacidad operativa y de fuego, cuántas personas las integran y cuántas más realizan actividades indirectas para sus fines criminales.
No tenemos tampoco perfiles criminológicos que permitan determinar si las políticas contra la violencia y la delincuencia son las adecuadas, porque pareciera que todo se puede combatir con las mismas acciones, pasando por alto que la fenomenología delictiva del feminicidio es muy distinta de la del secuestro, de la trata de personas, del tráfico de menores, etc.
Imaginar lo que puede haber detrás de la decisión del presidente de avanzar hacia la militarización total de la seguridad pública, y con ello poner en riesgo a la democracia y las libertades, es un escenario escalofriante. Y por ello, desde ahora, más allá de las lealtades personales, quienes aspiren a la titularidad del Ejecutivo en 2024, tienen la responsabilidad ineludible de comprometerse a devolvernos la paz, con fuerzas civiles eficaces y honestas, y acabar de una vez por todas con la fragilidad del Estado de garantizar lo mínimo indispensable: la seguridad e integridad de las personas.
