Saúl Arellano
Lo que se vivió a lo largo del día 9 de agosto, y la madrugada del día 10 en varias ciudades del centro del país es uno más de los severos llamados de atención en torno a cómo se va a corregir la evidentemente fracasada estrategia de seguridad pública que se ha desarrollado a lo largo de esta administración.
Decirlo así, por supuesto que lejos de ser una cuestión a festejar -como torpemente lo hacen ver los grupos dominantes en los partidos de oposición-, constituye una afirmación desde el azoro y la angustia respecto de lo que está pasando a ras de asfalto y fuera de los reflectores de las declaraciones que se hacen desde el atril, las entrevistas de banqueta o incluso, cómodamente desde los escritorios.
El país vivió una jornada en la que, en sentido estricto, varias de sus principales ciudades estuvieron bajo fuego, y no sólo de las balas de los delincuentes, sino literalmente en llamas pues los videos que circularon en todos los medios de comunicación, evidenciaron el pavor de conductores que fueron despojados de sus vehículos para, acto seguido, ser puestos en llamas. Lo mismo ocurrió en numerosas tiendas de conveniencia en al menos una decena de ciudades del centro de la República.
Más allá de los motivos que tuvieron las bandas del crimen organizado para desarrollar esta jornada de terror, lo cierto es que la capacidad operativa y logística de estos grupos para paralizar la vida cotidiana en las ciudades donde tienen presencia, es palpable y representa un desafío al Estado.
Ya siendo 10 de agosto, la Universidad de Guanajuato, por ejemplo, envió un comunicado suspendiendo clases en los planteles de las ciudades consideradas de mayor riesgo; y junto con ello, la empresa de transporte de pasajeros, Primera Plus, del Grupo Flecha Amarilla, anunció la suspensión de corridas hacia Irapuato y Celaya, ciudades que, en conjunto, albergan a cerca de un millón de habitantes.
¿Cómo interpretar esta situación? Es decir, ¿Cómo interpretar el hecho de que, en territorios donde se vive una especie de “normalidad” cotidiana, al mismo tiempo, se vida una realidad de acecho y presencia masiva de criminales que cobran piso, extorsionan, secuestran, asesinan o, como ayer, paralizan o semi paralizan a zonas metropolitanas como la de Guadalajara?
Tanto el Ejecutivo como sus opositores han frivolizado el asunto bajo la discusión mediática respecto de si la ridiculez retórica de “los abrazos” funciona o no. Cuando de lo que se trata es de otra cosa y de los peligros que implica la posición presidencial respecto de que, implícitamente, los mandos civiles no tienen la capacidad estructural de resistir la corrupción, de combatir efectivamente a la delincuencia, y de construir instituciones capaces de garantizar paz y justicia para todas y todos a partir de cuerpos policiacos diseñados específicamente para la seguridad pública y ciudadana.
Hay otra arista que se ha olvidado en el análisis y la discusión: desde antes de tomar posesión del cargo, el presidente de la república afirmó que, si por él fuera, desaparecería al Ejército y se quedaría con una Guardia o Gendarmería Nacional, citando como ejemplo al caso de Costa Rica.
Quizá en el fondo, lo que está pretendiendo el Jefe del Estado es llevar a cabo sus auténticos planes y su visión de la realidad, “por la puerta trasera”. Es decir, el hecho de trasladar a la Guardia Nacional al Ejército podría leerse como el primer paso serio para desmantelar al Ejército y transformarlo en otra cosa, que pocos tienen idea clara de qué sería y cómo podría funcionar.
El tema es mayor porque el presidente ha sostenido que, “cuando se vaya”, no quiere que quien le suceda esté en posibilidad de dar marcha atrás a su estrategia. Y como están las cosas, es evidente que el presidente ni se va a retirar de la política ni dejará de tener influencia efectiva, al menos en los primeros dos años, en quien esté en el cargo, si es que se confirma que Morena retendrá la Presidencia de la República.
Estamos atrapados en una situación crítica que requiere soluciones de Estado. El problema es que el Ejecutivo ha decidido actuar como jefe de partido. Y como tal, está abocado a ganar todas las elecciones y todos los cargos posibles para su movimiento, asumiendo que eso le garantiza la gobernabilidad del país; pero lo visto es que, al contrario, se está profundizando una cada vez mayor fragmentación de las capacidades de coordinación y operación en los estados y municipios.
Quién gobierna los territorios y quién determina lo que se hace o se deja de hacer en ellos es una cuestión de trascendencia mayor, porque de ello depende la posibilidad de construir condiciones de paz y justicia, que son indispensables para garantizar también condiciones para un nuevo curso de desarrollo, que le dé a la población acceso al cumplimiento universal e integral a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
En síntesis: lo que vimos estos días es sin duda un capítulo muy relevante en la determinación de las capacidades de la delincuencia para mantenernos bajo amenaza, y para incrementar el nivel de su desafío en la disputa por el control territorial del país. Habrá que ver si la autoridad se decide, de forma responsable, a revisar sus estrategias y a poner un alto definitivo a esto que amenaza cada vez más con salirse completamente de control.
