Saúl Arellano
Recupero para este texto, el título de un módulo de información que se encuentra publicado en la página principal del sitio electrónico del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). El resumen de datos que han hecho, respecto del impacto que las emergencias sanitaria y económica ha en diferentes ámbitos de la vida de las mujeres, es no sólo de gran relevancia estadística, sino, ante todo, de una importancia enorme para el diseño de políticas públicas y acciones gubernamentales.
Lamentablemente, los datos que se encuentran allí no han sido recogidos, al menos no para un debate público serio, sobre cómo construir una gran alianza nacional a favor de garantizar de una vez por todas, el derecho a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en México.
A manera de ejemplo, retomaré algunos de los datos, y comentaré sobre las rutas que debieran seguirse para transformar esa perniciosa e inaceptable realidad en nuestro país. En primer lugar, el INEGI destaca que la pandemia ha tenido un impacto diferenciado entre mujeres y hombres, llevando por supuesto ellas la peor parte.
Así, cuatro de cada diez mujeres de 15 años o más son económicamente activas; es decir, se encuentran laborando o buscando trabajo. En términos porcentuales, eso implica que sólo alrededor del 40% de las mujeres registran esa característica; una proporción muy baja que desde ya evidencia las inequidades y disparidades en lo que a la participación laboral se refiero, y eso implica desde las barreras de los mercados, hasta las barreras y limitaciones culturales y de estructura social en lo que toca a la distribución de cargas de tiempo y responsabilidades asignadas o asumidas en los hogares.
Desde esta perspectiva es importante destacar que Tabasco, Baja California Sur, Sonora y la Ciudad de México fueron las entidades en las que se perdió una mayor cantidad de puestos de trabajo para las mujeres durante el periodo más agudo de la pandemia. En ese sentido, también destaca que en el cuarto trimestre de 2021 un 4% de las mujeres económicamente activas se encontraban desocupadas. Es decir, no sólo sus posibilidades de formar parte de la PEA son más reducidas que las de los hombres, sino que, además, su empleabilidad también tuvo un mayor impacto negativo. En números absolutos, lo anterior significa que hay 108 mil mujeres más, desocupadas, que en el periodo previo a la pandemia.
En abril del 2020, informa el INEGI, cinco de cada 10 mujeres ocupadas tuvieron disminuciones en sus ingresos laborales; y aún con la ligera recuperación que se registró hacia julio de 2020, todavía en ese momento había 4 de cada 10 mujeres ocupadas con disminución de sus ingresos laborales respecto del momento previo a la pandemia. Esto profundiza las desigualdades estructurales que hay entre mujeres y hombres; las cuales, en términos monetarios, implican que, en el 2020, hubiera una diferencia de ingreso promedio mensual monetario, de 2,500 pesos menos para las mujeres, respecto de los varones.
Estos datos son agregados, pero habría que pensar en las desigualdades que existen en función de la pertenencia o auto adscripción a pueblos o comunidades indígenas, así como las desigualdades y brechas intra género, pues es evidente que las mujeres que habitan en localidades urbanas y que no son hablantes de lenguas indígenas, tienen mayores ingresos y oportunidades laborales que aquellas que habitan en localidades rurales o que son hablantes de lenguas originarias.
Desde esta perspectiva, es urgente que nuestro país diseñe nuevas estrategias para garantizar el derecho constitucional relativo a que a trabajo igual debe corresponder pago igual (incluidas por supuesto, prestaciones económicas y sociales); lo cual implica una revisión profunda que va, desde la concepción que se tiene del trabajo doméstico no remunerado y su no inclusión en las cuentas nacionales, hasta prácticas nefastas de discriminación laboral tanto en el ámbito privado como en el público.
Un dato que revela otro de los impactos de la pandemia, es que la CDMX y Quintana Roo fueron las entidades donde en mayor proporción se redujo el ingreso de las mujeres, lo cual sin duda se relaciona con el perfil económico de ambas entidades: prestación de servicios y vocación turística.
Otro dato que destaca del módulo mencionado, es que hubo un incremento, como proporción del gasto corriente total, en los rubros de alimentos y bebidas y cuidados de la salud; y simultáneamente, disminuciones en vestido, calzado, educación y esparcimiento. Es difícil, al respecto, encontrar una mejor radiografía respecto de la distribución de roles y funciones en los hogares, pero también la fragilidad de los ingresos d ellos mismos, pues es una constante que, al incrementarse proporcionalmente el gasto en alimentos, eso significa que en general, los hogares enfrentan o mayores condiciones de precariedad o incluso, de pobreza; lo cual, como es evidente también, no se va a resolver exclusivamente repartiendo dinero en efectivo.
Todo lo anterior se confirma con el dato relativo a que, en el periodo pandémico del 2020, las mujeres aportaron 2.7 veces más valor económico que los hombres, en el trabajo doméstico no remunerado, concentrándose en actividades de cuidados, proporcionar apoyo a otros integrantes del hogar, preparar y dar alimentos, limpieza y mantenimiento de la vivienda.
En síntesis, México carece de una política integral para la garantía y protección del derecho constitucional a la igualdad, No la construyó en el llamado “periodo neoliberal”, pero tampoco se ha hecho en la presente administración.
