Saúl Arellano
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) tiene registro de que, entre los años 2018 y 2021, han sido asesinadas en el estado de Guanajuato, un total de 16,522 personas, es decir, un promedio de 4,130 víctimas cada año. Por su parte, para el año de 2022, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública tiene un reporte de 1,566 víctimas de homicidio intencional, entre los meses de enero y junio; dado que en los últimos meses se ha registrado un importante incremento en el número de casos, puede anticiparse que el año cerrará una vez más con 3 mil víctimas o más.
En los últimos cinco años han sido recurrentes las alertas emitidas por el Gobierno de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en nuestro país, para que sus ciudadanos no viajen a la entidad, o que eviten a toda costa viajar por sus carreteras, otrora presumidas como las venas virtuosas de un oasis de progreso y desarrollo.
La descomposición del estado evidentemente no se gestó en los últimos meses. La tragedia inició desde el gobierno de Juan Manuel Oliva, y posteriormente en el de Miguel Márquez Márquez, con quien inició la oleada de violencia. De manera sorprendente, el hoy Fiscal General del Estado, y el Secretario de Seguridad Pública, que datan de los dos gobiernos previos al actual, han sido ratificados una y otra vez en sus cargos, diciendo igualmente una y otra vez que si el estado está como está es debido al gran trabajo que realizan.
Al parecer, el gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo ha decidido realizar todo el trayecto de su gobierno al lado de estos siniestros personajes, y ha decidido también hipotecar los resultados de su gobierno a los resultados que puedan entregar en esa materia en los escasos dos años de gobierno que le quedan.
La amenaza delincuencial y el control del territorio
En días recientes, varios municipios de la entidad fueron literalmente tomados aparentemente por integrantes del crimen organizado, e incendiaron tiendas y vehículos a diestra y siniestra; lo hicieron de manera simultánea en al menos 11 municipios donde la vida transcurre a sangre y fuego y en medio del pánico cotidiano que circula por las redes sociales y los chats familiares y de amigos, donde corren amenazas reales y ficticias sobre “toques de queda” o amenazas de presuntas incursiones y desarrollo de actividades delictivas del crimen organizado. Dos de los municipios donde se desarrollaron esas acciones violentas con mayor preponderancia fueron Celaya e Irapuato.
En ese contexto, y, por si fuera poco, el pasado 17 de agosto fue ejecutado con disparos de armas de grueso calibre el hijo del alcalde, Javier Mendoza Márquez. Hecho condenable y lamentabilísimo, que enrarece aún más el clima de inseguridad, violencia e incertidumbre que se vive en el vapuleado Bajío mexicano.
De acuerdo con el propio INEGI, entre los años de 2017 al 2021, han sido asesinadas en Celaya 2,311 personas; y es probable que con el ritmo que se tiene este año, se llegue a la cifra de al menos 2,500. En Irapuato, la cifra es de 2,181; mientras que, en León, el municipio más poblado del estado y uno de los de mayor población en el país, la cifra es de 2,801 víctimas de homicidio intencional.
Pero sería un error que se trata de una cuestión focalizada en esos municipios. En realidad, el infierno se vive en todas partes. Por ejemplo, en el municipio de Salvatierra, ubicado a sólo 40 kilómetros de Celaya, pero al que se llega en 20 minutos debido a las carreteras que le conectan, se tiene un registro de 718 víctimas de homicidio doloso, con la consideración de que el municipio tenía, en el 2020, una población apenas aproximada a los 100 mil habitantes, cifra que se ha mantenido prácticamente constante desde el 2015.
Siendo así, en Salvatierra, por ejemplo, la tasa de homicidio doloso habría sido, en 2017, de aproximadamente 115 víctimas por cada 100 mil habitantes. En el 2018 la tasa habría sido de 158.7 por cada 100 mil; para el 2019 el indicador sería de aproximadamente 119.6; en el 2020 de 191.9; mientras que en el 2021 llegaría a 135.7 víctimas por cada 100 mil habitantes.
Destacar estos datos es relevante porque no hay país en el planeta que tenga una tasa de homicidios semejante a la señalada. Para el caso de Celaya, la tasa en el año 2021 habría sido de aproximadamente 123.4 homicidios por cada 100 mil habitantes; mientras que en Irapuato sería de aproximadamente 68.5 víctimas por cada 100 mil habitantes.
Cada uno de los municipios de la entidad vive tragedias parecidas. Por eso es un despropósito que el Gobernador del estado insista que su gobierno marcha sobre ruedas, y que de hecho sería ejemplo nacional, de no ser por el pequeño detalle de la violencia, que transcurre sobre todo debido a los enfrentamientos que se da entre grupos de criminales.
Pero no hay nada más falso. Todos los días hay cobro de piso, extorsiones secuestros, levantones, descuartizamiento de seres humanos, y un catálogo inenarrable de atrocidades, que no paran y que de manera espantosa amenazan con profundizarse aún más.
Guanajuato vive una gigantesca tragedia que se cuenta ya por decenas de miles de muertos, pues el acumulado, del 2012 al 2021, es de nada menos que de 23,158 homicidios intencionales; una cifra equivalente al 8% del total de los asesinatos cometidos en todo el país en el mismo periodo.
Investigador del PUED-UNAM
