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Saúl Arellano

El 10 de enero de 2020, publiqué en este mismo espacio, que el INSABI era un potencial punto de quiebre de la administración del presidente de la República. Argumentaba que haberlo puesto en marcha sin reglas de operación, pero, sobre todo, sin una estructura conceptual y administrativa apropiada, representaba riesgos operativos mayores. Lamentablemente, el experimento resultó en un gran fracaso.

La medición de la pobreza 2020 documentó que millones de personas perdieron su afiliación a servicios de salud, factor que fue determinante en el incremento del número y el porcentaje de personas en pobreza multidimensional; situación que se ha agravado y complejizado aún más pues se incrementó de forma significativa el llamado “gasto de bolsillo” en medicamentos y atención médica para millones de hogares.

Durante su campaña, el ahora presidente planteó que resolvería prácticamente todos los problemas estructurales del país: inseguridad, pobreza, salud y salud eran ámbitos que de inmediato se corregirían pues el mal funcionamiento institucional para mejorar en cada rubro se debía fundamentalmente a la corrupción, la cual, también sólo con el ejemplo presidencial, habría de reducirse como nunca antes en el país.

La propaganda del gobierno es, sin embargo, cada vez más virulenta y agresiva; y al mismo tiempo, lo que se presenta como logros del gobierno es cada vez más disonante con la propia información oficial que se genera. Por ejemplo, en 2019, al cierre del primer año de esta administración, se registraron 980 feminicidios. Al cierre de 2022 la cifra fue de 951, una reducción apenas marginal que no implica un cambio estructural en la materia.

Al cierre del 2019 se registraron 51,310 carpetas de investigación por delitos contra la libertad y la integridad sexual de las personas; al cierre del 2022, la cifra fue de 82,715, es decir, 61.2% más que en el primer año del gobierno. Por su parte, los delitos contra las familias llegaron a 239,219 carpetas de investigación al cierre del 2019, pero en el 2022, la cifra se elevó a 315,350, es decir, 31.8% más que cuatro años atrás.

Los casos de desnutrición se han incrementado sustantivamente desde que esta administración llegó; también creció el número de personas con obesidad y sobre peso; se incrementaron de manera exponencial las defunciones por diabetes y por hipertensión. Así, las estadísticas muestran que en 2018 la tasa de mortalidad por enfermedades del corazón fue de 11.92, en 2019 creció a 12.33; pero en 2021 se ubicó en 17.66; y con base en los datos preliminares se podía anticipar para el 2022 una tasa aproximada de 17 defunciones por cada 10 mil personas.

La tasa de mortalidad por diabetes mellitus país de 8.08 por cada 10 mil personas en 2018, a 8.24 en 2019 y a 11.03 en 2021. E igualmente, dada la tendencia, podría haberse llegado a 9.3 al cierre del 2022.

Se había prometido en campaña un crecimiento económico promedio de 4% anual; pero en el mejor de los escenarios se alcanzará un total acumulado de 6% para toda la administración, es decir, apenas un promedio de 1% anualizado. Y aunque gracias a los incrementos en el valor del salario mínimo se llegó a un 38.5% de personas en pobreza laboral, los efectos de la inflación, y el límite que tiene esa política en el tiempo, permite prever que al cierre de este año que se ha ralentizado la actividad económica, podría llegar nuevamente a umbrales de 40% o más. Adicionalmente, de acuerdo con los datos del CONEVAL la brecha salarial de género no se ha cerrado, mientras que todo indica que hubo importantes incrementos en el número de niñas y niños que se incorporaron al trabajo infantil.

En materia educativa todos los indicadores muestran pérdidas históricas en las tasas de matriculación, esto sin considerar la pérdida sustantiva de aprendizajes; y frente a ello, el gobierno decidió perder el tiempo en la implementación de nuevos contenidos en el currículo escolar, mismos que van de lo grotesco a cosas aún peores.

Las tasas de mortalidad materna e infantil registraron retrocesos importantes; cayeron las tasas de vacunación en niñas y niños menores de 1 año y cayó la cobertura de esquema completo en menores de 5 años; disminuyeron las tasas de lectura y asistencia a eventos culturales; disminuyó la tasa de práctica deportiva y movilidad física; mientras que crecieron las tasas de trastornos alimenticios, depresión y en general, todo lo relacionado con la salud mental de las personas.

Se pueden establecer, quizá, algunos matices; y en el gobierno y en su partido se puede recurrir a la demagogia y sostener que ahora “se ayuda a los pobres como nunca”; que “se reparte dinero como nunca”; “que ningún presidente se había preocupado tanto por los pobres”; y que todo tiene tintes épicos; pero los datos son contundentes y permiten sostener, a 17 meses de que concluya este gobierno, que no hay un solo indicador en ningún rubro estructuralmente relevante, en que haya avances sustantivos.

En lo social, revertir este tipo de retrocesos toma mucho tiempo; porque a la par de los malos resultados se ha llevado a cabo un proceso de destrucción, deterioro y erosión de las instituciones; lo que hará mucho más complejo diseñar nuevas políticas; reorientar presupuestos; y generar nuevos mecanismos de coordinación que implementen las medidas pertinentes para que México sea el país de derechos humanos que manda nuestra Constitución. Por ahora, estamos varios pasos más atrás, que como estábamos antes del inicio de la 4T.

Investigador del PUED-UNAM

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