Por la Conciencia
Dr. Roger Heli Díaz Guillen
Se dice tiempos de empoderamiento de la cultura en Chiapas en razón de la visión que el nuevo gobernador 2024-2030 Eduardo Ramírez Aguilar tiene del patrimonio cultural, sus pueblos originarios; el valor de la identidad, saberes ancestrales e históricos y la descolonialización del pensamiento chiapaneco por una Chiapanequización, invitando a ciudadanos y sociedad civil a sumarnos a deudas históricas con los pueblos indígenas y afro mexicanos a partir de la cultura, iniciando con el fortalecimiento de los derechos colectivos patrimoniales culturales, definiendo ejes ordenados en una ruta institucional basado en la intervención comunitaria, proponiéndose los siguientes ejes:
“Derechos colectivos e individuales: constitución y leyes”. Partimos que la cultura inicia su atención en los derechos colectivos reconocidos a nivel federal desde el año 2022, después de los derechos culturales individuales establecidos en la ley general de cultura y derechos culturales de junio del 2017, donde el punto medular radica en el reconocimiento de la personalidad jurídica de los pueblos y comunidades indígenas y afro mexicanas, recociendo sus formas de gobernanza, que para Chiapas es un tratamiento anunciado por el próximo gobernador, aunado a la atención integral de la cultura a partir de sus componentes materiales e inmateriales y biodiverso que respondan a la identidad y grandeza de Chiapas. Hay contradicción de leyes en la materia y ausencia de derechos que se debe atender con voluntad política anunciada.
“Identificación e inventarios de patrimonios culturales”. Este segundo eje se refiere a la importancia de la identificación de inventarios, interpretación y declaratorias de propiedad, pertenencia e identidad del patrimonio cultural a partir de la disposición legal del 2022, para que en “su libre determinación y autonomía, los pueblos y comunidades indígenas y afro mexicanas definan, preserven, protejan, controlen y desarrollen los elementos de su patrimonio cultural, sus conocimientos y expresiones culturales tradicionales”. Es decir, atender la urgente necesidad de proteger, regular y atender el sostenimiento de los patrimonios culturales a partir de la delimitación legal de “Patrimonio Cultural Colectivo” de pueblos y comunidades indígenas y afro mexicanas; además de pueblos campesinos con contenido histórico de relevante importancia.
“Ordenanza comunitaria y territorios culturales”. Este eje se destaca al observar que los patrimonios culturales se sostienen a partir de la intervención comunitaria mediante una práctica generacional que propicia estructuras organizativas y mando socialmente aceptado y practicado; siendo este el parámetro para entender el orden de la expresión cultural y su perspectiva de sostenibilidad y protección. Este eje permitirá transitar “De la costumbre jurídica al ordenamiento documental. estructura normativa, organización y representación” para fortalecer la parte normativa, orden y organización comunitaria que se sostiene en la tradición oral y la práctica consuetudinaria de usos y costumbres jurídicas normativas, pasando a ordenes escrito reglamentarios de nivel comunitario.
Un quinto eje atiende y aspira a un “Sistema de patrimonialización cultural” a partir de lo comunitario, municipal, estatal, nacional y mundial; observando que no existe legislación sobre este tema más que un sistema normativo de inventario y de declaratoria de monumentos y sitios históricos y arqueológicos en México, con una ley de 1972 que considera a la patrimonialización cultural como un procedimiento administrativo de oficio o a petición de parte; dejando de observar en su tiempo la parte geopolítica y derechos colectivos basados en una pertenencia e identidad de pueblos originarios, donde el estado mexicano asumió la propiedad de la riqueza cultural patrimonial colectiva de pueblos y comunidades.
Le sigue en la ruta propuesta el “Registro y protección del patrimonio cultural colectivo” que parte del hecho que una vez inventariado los patrimonios culturales con las declaratorias patrimoniales correspondientes y fortalecida la organización, norma y representaciones comunitarias para el sostenimiento del patrimonio cultural colectivo, resulta una condición para el registro basado en la ley del derecho de autor de las expresiones culturales de los pueblos que den fin al problema del plagio cultural en la industria comercial de la moda, cervecerías y mercado digital como el Parachico de Chiapa de Corzo y tejidos de Amatenango del Valle en Venustiano Carranza, Chiapas.
Para la protección patrimonial es importante identificar a la “Gobernanza cultural. niveles de responsabilidad” que representa el andamiaje de responsabilidad en los tres niveles de gobierno actual, donde el tema es reconocer personalidad jurídica a pueblos y comunidades basado en la libre determinación quienes en materia cultural deberán asumir responsabilidades en la ejecución y ejercicio de recursos públicos en la materia. Este tema de responsabilidades nos delimita en la urgente necesidad de atender el empoderamiento de la cultura como política pública en Chiapas, que debe considerar la “Reinstitucionalización cultural integral: inmaterial-material- biocultural – geopolítico” trascendiendo el concepto CONECULTA por una secretaría de estado que empodere el valor cultural de Chiapas y se atienda a partir de lo territorial y sus componentes biodiverso y sociales; así como los derechos individuales y colectivos que amalgame al derecho consuetudinario, derecho nacional e internacional.
Para la vida comunitaria cultural tres ejes además de los expuestos resultan sustantivos de atender y considerar en políticas públicas: “Desarrollo humano y educación”; “Organización y gestión para el desarrollo y sostenibilidad cultural” y; “Comunicación, difusión, promoción e investigación cultural con perspectiva de género e inclusión”; que empieza en el ciudadano como agente cultural en un marco comunitario donde la organización es convergencia de intereses; la gestión es el medio de comunicación gobierno-sociedad y; la sostenibilidad cultural es una responsabilidad compartida de los pueblos y comunidades con los gobiernos constitucionales.
La “Comunicación, difusión, promoción e investigación cultural con perspectiva de género e inclusión” es el último eje de la ruta propuesta pero muy significativa a partir de la importancia de renacer para dejar de ser partidas justificatorias de recursos públicos sin resultados más que los comerciales y turísticos; debiendo ser más científica, educativa, objetiva, integral, inclusiva, destacando los derechos individuales y colectivos culturales y la importancia de la sostenibilidad patrimonial cultural de México y Chiapas.
