Dr. Jorge Antonio Orozco Zuart /LIC. Y C.P. ANDRÉS ANTONIO OROZCO VELASCO
• La publicación mensual de contratos representa un avance importante; sin embargo, la rendición de cuentas exige expedientes Completos, archivos históricos e infraestructura tecnológica capaz de procesar millones de documentos
La presidenta CLAUDIA SHEINBAUM PARDO expidió el decreto el 4 de agosto pasado, mediante el cual se determina la información adicional que, de manera proactiva, deberán publicar los sujetos obligados del Poder Ejecutivo Federal por considerarse de interés público. El decreto está concentrado en cuatro áreas: Contrataciones públicas, Filiales de Pemex y CFE, Fiscalización y auditorías, e Invitación a sumarse a estados, municipios, y otros poderes. La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó el decreto para fortalecer la transparencia en todas las entidades del Gobierno de México con el objetivo de garantizar el acceso a la información de las y los mexicanos a través del fortalecimiento de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
La disposición representa una de las decisiones más relevantes en materia de rendición de cuentas desde la reforma constitucional que redefinió el sistema nacional de transparencia. Entre sus principales medidas destaca la obligación de actualizar mensualmente la información relacionada con los contratos celebrados por el gobierno federal.
Hasta ahora, buena parte de esa información se publicaba de manera trimestral. Con el nuevo esquema, periodistas, auditores, investigadores, empresarios y ciudadanos podrán conocer con mayor oportunidad quién recibe los contratos, cuánto cuestan, qué dependencia los celebra y bajo qué procedimiento fueron adjudicados.
El decreto establece que los sujetos obligados deberán actualizar, dentro de los quince días hábiles siguientes a la conclusión de cada mes, la información generada durante el mes inmediato anterior.
En el portal de obligaciones de transparencia de la plataforma nacional de transparencia deberán incorporarse los contratos suscritos, los convenios modificatorios y la información correspondiente a adjudicaciones directas, invitaciones restringidas y licitaciones públicas.
También deberán publicarse las versiones públicas de los expedientes correspondientes. La decisión fortalece el principio de máxima publicidad reconocido en el artículo 6.º de la Constitución y contribuye al cumplimiento del artículo 134 constitucional, que exige que los recursos públicos se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.
EL CONTRATO ES SOLAMENTE EL PRINCIPIO
El decreto constituye un avance, pero su éxito no dependerá únicamente de publicar contratos con mayor frecuencia. La experiencia demuestra que la corrupción rara vez se encuentra en la primera hoja de un contrato.
Las irregularidades suelen aparecer en los anexos técnicos, en las modificaciones presupuestales, en los convenios ampliatorios, en las estimaciones de obra, en las bitácoras de supervisión, en los pagos extraordinarios o en documentos que no siempre se encuentran disponibles para el público.
Publicar únicamente el contrato principal permitiría conocer el monto, el objeto de la contratación y el nombre del proveedor; sin embargo, no necesariamente permitiría verificar si la obra fue ejecutada, si se utilizaron los materiales comprometidos, si los plazos fueron respetados o si el presupuesto terminó incrementándose injustificadamente.
La verdadera transparencia exige que toda la documentación de una obra pública pueda ser consultada desde un solo portal electrónico, sin restricciones innecesarias y en formatos abiertos.
Cada obra debería contar con un expediente digital integral que incluyera el proyecto ejecutivo, los estudios de factibilidad, los dictámenes técnicos, las bases de licitación, las propuestas de los participantes, el acta de fallo, el contrato original y los convenios modificatorios.
También deberían incorporarse las estimaciones pagadas, los avances físicos y financieros, las bitácoras electrónicas, las fotografías georreferenciadas, las auditorías practicadas, las observaciones formuladas, las respuestas de las dependencias y los documentos mediante los cuales dichas observaciones fueron solventadas.
Finalmente, el expediente tendría que contener el acta de entrega-recepción y el finiquito de la obra. Con esa información, cualquier ciudadano podría comparar lo contratado con lo efectivamente construido, con la materialidad fiscal.
LA INFORMACIÓN DEBE CONSERVARSE
Otro elemento indispensable es la permanencia de los documentos.
No basta con publicar información durante algunos meses y retirarla posteriormente de los portales institucionales. La transparencia auténtica requiere un archivo digital histórico que permita reconstruir toda la vida de una obra pública, desde su planeación y contratación hasta su conclusión.
El sistema también debería contar con herramientas de búsqueda sencillas, mediante las cuales la información pudiera localizarse por dependencia, municipio, contratista, monto, ejercicio fiscal, ubicación geográfica o número de contrato.
Sólo así la ciudadanía podría ejercer un verdadero control social sobre el gasto público. La tecnología actual permite conocer prácticamente en tiempo real el avance físico de una carretera, una escuela, un hospital, un puente o una obra hidráulica.
Lo que falta no es capacidad tecnológica, sino voluntad institucional para abrir completamente la información.
MÁS INFORMACIÓN SOBRE PEMEX, CFE Y LAS AUDITORÍAS
El decreto también ordena publicar proactivamente información relacionada con las empresas filiales de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad.
Entre esa documentación se encuentran los estados financieros, los informes administrativos y operativos, las actas constitutivas, la participación accionaria, el objeto social, la integración del gobierno corporativo, las políticas de operación y los contratos celebrados tanto en México como en el extranjero.
Asimismo, deberá difundirse información de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno relacionada con el Programa Anual de Fiscalización, los informes anuales, la situación de las auditorías, el seguimiento de las observaciones de los órganos internos de control y el padrón de despachos de auditores externos.
Para concentrar estos documentos, la secretaría anticorrupción y buen gobierno deberá habilitar un apartado especial dentro de la plataforma nacional de transparencia.
La institución denominada transparencia para el pueblo será Responsable de elaborar y actualizar los criterios técnicos de Carga, las reglas de actualización, los criterios de conservación y los formatos específicos.
El decreto también invita a los poderes legislativo y judicial, a los órganos constitucionales autónomos, a los tribunales administrativos, a los estados y a los municipios a difundir su
Información mediante la plataforma nacional de transparencia y a celebrar los convenios de colaboración correspondientes. Esto significa que las nuevas obligaciones no se imponen directamente a todos los gobiernos estatales y municipales; sin embargo, se abre la posibilidad de construir gradualmente un sistema nacional más amplio.
EL DESAFÍO DEL ALMACENAMIENTO Y PROCESAMIENTO
El incremento de la información pública generará un nuevo problema que debe ser atendido desde ahora: dónde se almacenarán, respaldarán y procesarán millones de contratos, expedientes, auditorías, fotografías, facturas, estimaciones y documentos técnicos.
La transparencia del siglo XXI no depende únicamente de leyes sólidas. También necesita plataformas robustas, capacidad de almacenamiento, sistemas de respaldo, seguridad informática, preservación digital de largo plazo y herramientas de inteligencia artificial. Un portal que reciba información de todas las dependencias federales y, eventualmente, de estados, municipios, organismos autónomos y empresas públicas, deberá contar con infraestructura capaz de funcionar las veinticuatro horas del día.
La información tendría que organizarse, clasificarse y procesarse para identificar posibles duplicidades, sobrecostos, empresas recurrentemente beneficiadas, modificaciones presupuestales excesivas, retrasos injustificados y patrones de contratación que pudieran representar riesgos de corrupción.
Mi propuesta: la Unam puede desempeñar un papel estratégico México cuenta con instituciones académicas de reconocido prestigio y capacidad científica. Entre ellas destaca la Universidad Nacional Autónoma de México.
Una alternativa sería que el repositorio digital de la información gubernamental pudiera alojarse, administrarse o contar con respaldo en infraestructura pública de supercómputo desarrollada o fortalecida con la participación de la UNAM.
La Universidad posee investigadores, ingenieros, especialistas en ciencias de datos, centros de cómputo y experiencia en el procesamiento de grandes volúmenes de información.
Su capacidad tecnológica podría fortalecerse hasta convertirla en una infraestructura nacional permanente al servicio de la investigación científica, la transparencia, la fiscalización y la rendición de cuentas.
podría analizar millones de contratos, facturas, estimaciones, fotografías, coordenadas geográficas, transferencias, entregables y modificaciones presupuestales Mediante herramientas de inteligencia artificial sería posible detectar Patrones atípicos que difícilmente podrían advertirse durante una revisión manual.
La participación de una institución pública de educación superior también podría aportar independencia técnica, seguridad informática, preservación digital de largo plazo y mayor confianza ciudadana.
Por supuesto, cualquier participación de la UNAM tendría que realizarse mediante los convenios correspondientes y con pleno respeto a su autonomía universitaria.
Es importante precisar que el decreto presidencial no menciona expresamente a la UNAM ni ordena la construcción de una supercomputadora. Esta es una propuesta que realizo para atender las necesidades tecnológicas que surgirán como consecuencia del crecimiento de la información pública.
EL DECRETO ES EL PUNTO DE PARTIDA
La transparencia no debe entenderse como una simple obligación administrativa, sino como una herramienta preventiva contra la corrupción.
Cuando los documentos son públicos, completos, verificables y fáciles de consultar, disminuyen los espacios para la discrecionalidad y aumenta la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.
El decreto presidencial constituye un paso importante. Sin embargo, el verdadero desafío apenas comienza.
La transformación llegará cuando cualquier mexicano pueda entrar a un portal desde su computadora o teléfono celular, localizar una obra pública y verificar cómo se ejerció hasta el último peso del presupuesto.
También llegará cuando las instituciones puedan cruzar millones de datos y detectar oportunamente las irregularidades, antes de que el daño al patrimonio público resulte irreparable.
En una democracia moderna, la mejor auditoría no siempre la realiza solamente una institución. Muchas veces también la realizan millones de ciudadanos informados, respaldados por documentos completos y por una tecnología verdaderamente puesta al servicio de la sociedad.
MIZTLI ES LA SUPERCOMPUTADORA DE LA UNAM, un equipo tipo clúster administrado por la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC) en Ciudad Universitaria. Su nombre en náhuatl significa «felino mayor» o «puma».
Características Técnicas
• Procesamiento: Más de 8,300 procesadores y miles de núcleos que otorgan un rendimiento superior a los 228 teraflops.
• Memoria y almacenamiento: Cuenta con 45 terabytes de memoria RAM y 750 terabytes de espacio en disco duro.
• Ubicación: Se encuentra en el Centro de Datos de la DGTIC en la CDMX. Usos Principales
• Ciencia y universo: Simulación de la formación de galaxias y estudio de la estructura del espacio.
• Geofísica: Análisis de eventos sísmicos y comportamiento tectónico en México.
• Biología y salud: Análisis masivo de genomas, cadenas de ADN y diseño de fármacos.
*DR. EN DERECHOS HUMANOS, JUICIOS ORALES, CRIMINALÍSTICA Y CRIMINOLOGÍA, DERECHO FISCAL, DERECHO PÚBLICO, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y CIENCIAS POLÍTICAS, ** LIC. EN DERECHO Y CONTADOR PÚBLICO CON PROMEDIO DE EXCELENCIA RECONOCIDO A NIVEL NACIONAL POR EL CENEVAL.
