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Bicicletas eléctricas y los desafíos de movilidad en la CDMX

Ulises Lara López

Apelando a la conciencia que contribuya a solucionar los problemas de movilidad y mejorar la calidad del aire en las diferentes ciudades de nuestro país, tanto usuarios y empresas del sector, cada vez más, están promoviendo a las bicicletas eléctricas y vehículos similares, como un nuevo concepto de transporte que mejore su vida y su relación con el entorno.

Se trata, dicen, de productos que ayudan a reducir el calentamiento global y la emisión de gases contaminantes.

Si bien es cierto que el uso de bicicletas ayuda a reducir el exceso de automóviles y la contaminación en las ciudades, además de generar un hábito saludable, es uso de las bicicletas eléctricas son todavía un mercado emergente que está creciendo de manera exponencial, como se ha observado en otras partes del mundo, fundamentalmente de China, Estados Unidos y Europa.

Así, las dos ruedas, han sido nuevamente reivindicadas en los últimos años como una alternativa sostenible para los desplazamientos urbanos, generando una convivencia de la bicicleta convencional a la par de las eléctricas para la nueva movilidad, sobre todo en las ciudades. Este fenómeno, ciertamente podemos agradecerlo por la implicación que tiene para el medio ambiente y su posible contribución a la disminución de la contaminación que generan lo vehículos automotores.

Entre las razones que impulsan el uso de estos vehículos de movilidad eléctrica se destacan los beneficios económicos, el ahorro en tiempo, espacio, mantenimiento, cuidado del medio ambiente, una amplia gama de productos que parten desde patines, scooter, motos, triciclos, triciclos para discapacitados y adultos mayores, modelos retro y futuristas pensando en las necesidades de un mercado creciente que busca calidad y ahorro.

Y como suele suceder, estos aspectos van muchos pasos adelante en comparación con la reglamentación de su uso.

Según la Guía del Ciclista de la CDMX, por orden jerárquico en la pirámide de movilidad urbana las personas que usan bicicletas están en segundo lugar de prioridad por la vulnerabilidad, la prioridad sigue siendo los peatones; en tercer lugar, está el transporte público, seguido del transporte de carga y del automotor y ciclomotor.

Al respecto, en los últimos diez años en la Ciudad de México, tanto bicicletas y monopatines eléctricos han resultado ser una opción complementaria para quienes diariamente se transportan en la capital del país.

Para poner un ejemplo de éxito en este tipo de programas orientados a mejorar tanto la calidad del aire, de las vías de tránsito, como de vida de las y los habitantes de la Ciudad de

México, es oportuno ilustrar el programa ECOBICI. Éste inició operaciones en febrero de 2010 con apenas 1,200 bicicletas repartidas entre 84 cicloestaciones y a lo largo del tiempo se fueron instalando nuevas unidades en distintos puntos de las Alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez y Miguel Hidalgo.

Tras una sustitución paulatina iniciada en 2022 para contar con unidades más eficientes y cómodas, así como la puesta en marcha de una ambiciosa expansión a las Alcaldías Álvaro Obregón, Coyoacán y Azcapotzalco, hoy en día el programa cuenta con cerca de 9,300 bicicletas distribuidas en 687 cicloestaciones. Es decir, hubo un incremento del 675% en la oferta de este medio de transporte a través de este programa en los últimos 12 años.

Estas cifras nos pueden orientar para dimensionar el crecimiento en la adopción de medios alternativos de transporte más ecológicos por parte de los habitantes de la Capital –el 89.2% de los usuarios de ECOBICI refieren radicar en la Ciudad de México. Si bien, las autoridades gubernamentales ya tienen conocimiento de los beneficios tanto económicos, ecológicos y sociales de la puesta en marcha de este tipo de políticas fundamentalmente en materia de movilidad, también debieran estar al tanto de algunos posibles retos y desafíos que todo ello conlleva.

En específico, estos sistemas de movilidad han provocado que los usuarios se vean en situaciones de conflicto y falta de responsabilidad. Por tanto, es urgente atender lo relativo a esta forma de movilidad a fin de que no se conviertan en un riesgo en la vía pública, tanto para usuarios como a los prestadores del servicio, además de terceras personas.

Si bien, actualmente se cuentan con cerca de 400 kilómetros de ciclovía en la Ciudad de México, es común enterarse de los crecientes accidentes de tránsito que involucran a usuarios de bicicletas y monopatines eléctricos, derivados de distintos factores que, en su conjunto, representan un obstáculo para la seguridad de conductores y transeúntes, así como un impedimento para el tránsito libre y seguro.

Por ello, es indispensable contar con un mínimo de seguridad, es imperativo que existan elementos básicos que podamos tener cuando circulamos por la Ciudad. En concreto, estos elementos deben ofrecer facilidad en el tránsito de las vías y que incrementen la accesibilidad entre puntos de difícil conectividad con los puntos urbanos de las ciudades. En otras palabras, que permitan dar paso a una sociedad dinámica.

Sin embrago, tener más carriles confinados, reformas al reglamento de tránsito u otras mejoras en la infraestructura vial, no basta para ofrecer mejores resultados si persiste el mayor obstáculo para la seguridad de quienes transitamos por la Capital: la falta de cultura vial, del respeto y la convivencia.

Ante la creciente revolución de las energías limpias que nos ofrecerán novedosas opciones de movilidad al alcance de todas y todos, debemos darnos cuenta que tenemos frente a nosotros una oportunidad de mejora social que nos permitirá la convivencia armónica

entre diferentes opciones de movilidad que podemos tener. Asimismo, podremos transformar nuestra educación vial: una que demuestre y refuerce nuestra civilidad y consolide una sana convivencia urbana.

Optemos conscientemente por una cultura vial que represente lo mejor de nuestros valores cívicos. Seamos respetuosos y consideremos sembrar un futuro distinto a la visión caótica de inhabitabilidad de las grandes urbes por otra en la que sea posible una zona metropolitana en la que sus habitantes puedan compartir el espacio público con menos conflictos.

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