Ulises Lara López
El pasado mes de diciembre de 2022, la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Leticia Ramírez Amaya, firmó el pronunciamiento para la “Cero Tolerancia a las conductas de hostigamiento sexual y acoso sexual, así como de toda forma de violencia, principalmente contra las mujeres o cualquier acto que atente contra la dignidad e integridad de las personas”, en esta dependencia del Gobierno Federal.
Si bien el pronunciamiento es aplicable a todas las personas servidoras públicas que integran la SEP, también incluye al personal público usuario y personal sin nombramiento, así como a las personas prestadoras de servicio social, personal de honorarios, entre otros.
Se trata de una herramienta legal que con fundamento en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la misma y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y que, como parte de ello, todas las autoridades (en este caso, la SEP), en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, así como la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
El contexto en el que vivimos, aún nos muestra que el Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual son manifestaciones de violencia que afectan principalmente a las mujeres y derivan en sanciones en materia laboral, administrativa o en su caso, penal.
En relación a ello, como se expresa en pronunciamiento de la titular de la SEP, “para transitar hacia una cultura de igualdad y no discriminación, no existe discurso más persuasivo que el ejemplo. Por ello, debemos reconocer que, para eliminar el acoso y hostigamiento sexuales, la violencia y la discriminación en nuestros espacios laborales la participación de todas y todos es imprescindible”.
A diario, a través de diversos medios de información y comunicación, se difunden testimonios de situaciones lamentables, relacionadas con este fenómeno de conducta antisocial y, peor aún, más allá de una concientización para su erradicación, muchos de los receptores se vuelven multiplicadores en su difusión y por ende en la normalización de este tipo de violaciones a la integridad humana.
Dentro de sus consideraciones, el pronunciamiento de “Cero Tolerancia” de la SEP, destaca que la transformación de la vida en México sólo es posible con una administración pública al servicio de la sociedad que actúe bajo los principios de ética pública y que, la recuperación de los principios éticos en las instituciones públicas, es un elemento inalienable de un gobierno honesto, sensible, incluyente y respetuoso de los derechos y libertades de las personas.
Por tanto, la fortaleza del Gobierno de México se encuentra en la confianza que la ciudadanía ha depositado en él y en el compromiso de las personas servidoras públicas que trabajan día a día por un mejor país.
En ese tenor, un pilar de la Cuarta Transformación es la regeneración ética en la administración pública y corresponde a las y los servidores públicos desempeñarse día a día con una ética pública fundada en el respeto, la igualdad, protección de la integridad y los derechos humanos de todas las personas.
Bajo esa perspectiva las y los servidores públicos tienen la responsabilidad de trabajar con pasión y dedicación para servir a la sociedad y, al mismo tiempo, tienen la obligación ética de ser portavoces de la integridad, la igualdad y la no discriminación, la cultura de la legalidad y del respeto por los derechos humanos.
El Hostigamiento Sexual y el Acoso Sexual son conductas que debemos desterrar de todos los ámbitos sociales y particularmente en las escuelas en todos los niveles ya que laceran gravemente la dignidad de las personas, siendo las mujeres las más afectadas por estas formas de violencia.
Cierto que estas prácticas no son manifestaciones nuevas, pero, lamentablemente forman parte de un problema estructural que no hemos sido capaces de revertir y que mantiene la discriminación contra las mujeres, sustentadas en estereotipos y prejuicios de género de una cultura normalizada por el machismo.
Eliminar de nuestro entorno todas las conductas que transgreden la integridad y la dignidad de las personas requiere de un compromiso frontal y permanente para lograr una mejor convivencia y construir una sociedad pacífica y libre de violencia, así como las acciones que ponen en riesgo el desarrollo de un Estado de Derecho Social como el combate a la corrupción, la impunidad, el clasismo, la desigualdad y la discriminación.
En este esfuerzo, el conjunto de los gobiernos estatales y la CDMX tenemos que acompañar a la SEP en su compromiso por mantener la difusión y actualización de las campañas; de los programas de sensibilización y capacitación en materia de igualdad de género; en la detección y sanción de cualquier acto de hostigamiento sexual y acoso sexual; en la prevención de cualquier tipo de violencia, principalmente contra las mujeres; en la construcción social de una cultura de paz; entre otras acciones con el objetivo de lograr en dos generaciones una sociedad responsable y respetuosa de sus integrantes y del resto del mundo. Debemos aspirar como nación a jugar un rol protagónico internacional por contar con más y mejor ciudadanía.
