Ulises Lara López
El caso de Carlota “N”, una mujer adulta de 74 años que fue detenida en Chalco, Estado de México, por el asesinato de dos personas el pasado 1° de abril, ha generado un intenso debate en diversos medios de comunicación y redes sociales sobre la justicia, la propiedad, y otros puntos más. Yo quiero hablar de la violencia en acción y la inacción gubernamental.
Según la información disponible en video, Carlota disparó e hirió de muerte a dos hombres —un joven de 19 años y otro de 51— y dejó herido a un menor de edad, en un incidente relacionado con la disputa por un inmueble.
En el correlato de los hechos, Carlota actuó para defender su patrimonio en virtud de haber sido despojada de su vivienda por un grupo de personas ligadas a un sindicato u organización dedicada a dichas actividades en el Estado de México.
Refieren haber presentado la denuncia en la fiscalía estatal, solicitado la intervención de las autoridades municipales e incluso haber buscado un acuerdo con los invasores para el pago de una renta, sin encontrar una respuesta favorable para la ocupación legal o la desocupación del inmueble.
No es mi intención analizar si la inacción de las autoridades o la actitud desafiante de los despojadores justifica la actuación de la señora Carlota y sus acompañantes.
Me preocupa la viralidad con la que se ha difundido el video de esos infaustos eventos y la inmediata reacción con dibujos, memes, corridos y demás formas de expresión en el mundo virtual que dan cuenta de los hechos, a su modo, asignando héroes y villanos de tan lamentables eventos.
Desde un punto de vista legal, Carlota es penalmente responsable de homicidio, las personas que ocupaban el inmueble, del delito de despojo, los que difunden y comparten, ¿son responsables de apología de la violencia?
Otro caso presente en las redes sociales se viralizó por una supuesta invasión de propiedad privada y la forma en la que el dueño reclama a una mujer que pasó por un espacio común en el municipio de San Pedro Garza García.
Después de que trascendiera, el hombre que se decía agraviado resultó ser un cirujano plástico, quien justificó el uso de lenguaje violento -verbal y corporal- así como sus amenazas a la mujer, como un momento de exaltación por trabajo y estrés para luego ofrecer disculpas. Cuando en otra visión se vio obligado a hacerlo luego que en redes se evidenciara un comportamiento prepotente y agresivo completamente injustificable.
¿Qué hubiera pasado si el día de los hechos el cirujano plástico hubiese ido armado a reclamarle a la ciudadana?
En Oaxaca en la comunidad de Santa María Colotepec, se desató una controversia cuando una mujer extranjera intentó bloquear el acceso a la playa El Tomatal, colocando postes de concreto en un camino público. Este acto provocó la inmediata reacción de los habitantes locales, quienes confrontaron a la mujer y exigieron la intervención de las autoridades municipales. En un video, difundido en redes sociales, se observa a la mujer, discutiendo con los residentes y solicitando la presencia del síndico municipal para resolver la disputa territorial. Las personas que se quedaron varadas en el lugar comenzaron a grabar para que quedara precedente del comportamiento de la señora y tener evidencia para la denuncia ante las autoridades competentes.
Hasta ahora, no se han reportado acciones legales específicas contra la mujer extranjera por el bloqueo y su violenta reacción hacia nuestros connacionales. Actos que además podrían referirse como racistas o xenofóbicos. No es la primera vez que personas originarias de países que se autodefinen como desarrollados, se ponen groseros y realizan protestas por las formas de convivencia y música que escuchan nuestras comunidades como ocurrió recientemente en Mérida o en las Playas de Mazatlán.
En una sociedad ávida de reivindicar los derechos individuales y colectivos no debemos perder de vista que vivimos en un Estado democrático, de Derecho, en el que todas y todos debemos ser garantes de la legalidad, de los derechos humanos, de la perspectiva de género, de la multiculturalidad y plurietnicidad de nuestro pueblo, por lo que la procuración de justicia no debe ser la excepción sino la regla, y la construcción de paz, un esfuerzo cotidiano.
Hagamos un esfuerzo de autorregulación de las redes fomentado el pensamiento crítico que empezó con el rechazo a las noticias falsas y hagamos eco de los llamados a no hacer apología de la violencia. La llamada justicia por propia mano es una regresión para el Estado de Derecho, y el fin del monopolio de la fuerza en manos del Estado.
Trabajemos para que las instituciones respondan eficazmente a los fines para los que fueron creadas; busquemos remover de raíz las lógicas clasistas y machistas que tanto dañan la convivencia. Imaginemos que un mundo mejor es posible si decidimos cooperar entre nosotros antes que confrontarnos. Sigamos el ejemplo de la Presidenta frente a los embates del gobierno de EEUU, respondamos con respeto y firmeza, busquemos salidas donde no se ponga en riesgo la dignidad ni la integridad de nadie. Seamos capaces de construir un futuro sin exclusiones.
somos parte de una sociedad cuyos pilares deben ser la legalidad, la justicer ia y la sana convivencia, y que para ello es necesario reaprender, no solo en palabras, sino en hechos la máxima de Juárez: “El respeto al derecho ajeno es la paz”.
El caso refleja un problema más amplio en México: la inseguridad en la tenencia de la propiedad y la percepción de que las instituciones no responden eficazmente. Esto puede llevar a personas, como Carlota, a actuar fuera de la ley, con consecuencias trágicas.
sin embargo, este caso destaca la necesidad de una vigilancia constante por parte de las autoridades y la comunidad para asegurar el respeto a los derechos colectivos y mantener el acceso público a las playas del país.
Derivado de ello, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó su detención el 2 de abril, junto con dos presuntos cómplices, Eduardo “N” y Mariana “N”, y el caso sigue bajo investigación.
de su hija, quien estaría en un estado mental alterado debido a la invasión de su propiedad. Al parecer se presentó una demanda el 23 de marzo de 2025, que tanto Carlota como su hija intentaron dialogar con los ocupantes y que solicitaron ayuda a la policía municipal sin éxito. Aunque no hay evidencia específica en las fuentes disponibles que confirme estos detalles —como la fecha exacta de la demanda o el estado mental de la hija—, el contexto general del caso sí sugiere un conflicto por la posesión del inmueble.
Algunos reportes indican que Carlota alegó que los ocupantes eran invasores, posiblemente ligados al Sindicato 22 de Octubre, conocido por ocupar propiedades, mientras otras versiones sugieren que podrían haber tenido un contrato de renta.
¿Quién es el verdadero culpable? La pregunta no tiene una respuesta sencilla.
La ley no permite tomar justicia por cuenta propia, aunque la desesperación por la presunta inacción de las autoridades pueda ser un factor comprensible para algunos. Si las autoridades ignoraron una denuncia formal, esto podría señalar una falla sistémica que exacerbó la situación. Sin embargo, no hay pruebas concluyentes en los datos disponibles de que la policía o el gobierno hayan recibido y desatendido una solicitud específica de auxilio antes del incidente.
