Ulises Lara López
Estimaciones de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, arrojan que, en México, de 2007 a la fecha, han desaparecido más de 93 mil personas cuyas familias, además del inconmensurable dolor de la ausencia, han sido víctimas de graves violaciones de sus derechos humanos durante la denuncia, la búsqueda y el remoto encuentro de sus conocidos y familiares.
Antes del 2018, estas familias, prácticamente solas, enfrentaron la búsqueda de sus seres queridos con el limitado o nulo apoyo institucional, a pesar de ser una obligación por mandato constitucional y por los acuerdos internacionales a los que se ha comprometido el Estado mexicano.
Es durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa, con su estrategia de militarización en materia de seguridad, cuando se presenta en nuestro país, una inédita oleada de desapariciones que hizo cruelmente visible la violación sistemática de los derechos humanos y un incremento considerable de los delitos; en los seis años que duró su gobierno, se registraron 102 mil 859 homicidios.
Sin embargo, desde 2003, con la presentación del informe “Muertes intolerables: diez años de desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua”, la organización civil Amnistía Internacional, colocó en la agenda pública de México el tema del feminicidio. En este documento, de la década de los 90, describe la aparición de varios cuerpos que fueron encontrados en lugares públicos con señales de extrema crueldad física y sexual, siendo la mayoría de las víctimas mujeres de origen humilde, y, en varios casos, cabezas de familia, realidad que aún persiste para muchas mujeres de nuestro país, cuyas edades fluctúan entre los 15 y 19 años, seguidas de las de 25 a 29 años de edad.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre 2007 y 2016, documentó el descubrimiento de 855 fosas clandestinas, y a principio del 2020, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, reporto la detección de 3 mil 631, cifras elevadas sin contar las que han ubicado los colectivos de familiares. “México, un gran cementerio” expresión que reiteradamente han hecho ante esta cruda realidad.
El fenómeno de la violencia de género en México, en la mayoría de los casos, inicia con el hostigamiento, y, de no tomarse las medidas oportunas y determinantes, llega lamentablemente hasta el feminicidio. Hoy en día, ser mujer, en un concepto sexista y consuetudinario, representa un factor de riesgo para la violencia en cualquiera de sus grados y variantes.
Frente a las demandas de niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres adultas para que se elimine la violencia en su contra (física, emocional, sexual, económica) que por años han limitado sus potencialidades humanas y restringido las oportunidades en la educación y el trabajo, no basta los ordenamientos jurídicos si no van acompañados de políticas que hagan de la formación escolar, a todos los niveles y modalidades, un instrumento de cambio cultural que se refleje, cotidianamente, en una igualdad de género.
Existen instituciones y organizaciones no gubernamentales que representan espacios de vinculación para promover campañas de sensibilización y prevención de la violencia y en especial de las desapariciones. En este sentido, hago mención especial del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, de LOCATEL, y, por supuesto, de la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, quienes, con su encomiable labor, dedican grandes esfuerzos para lograr la localización de personas.
Involucrarnos, con la mayor sensibilidad humana al desarrollo de las diversas acciones que las autoridades realizan en el cumplimiento de sus obligaciones, es una de las más generosas responsabilidades que tenemos para contribuir, en cualquier espacio y en cualquier momento, al avance en la lucha contra las desapariciones y en el apoyo a la localización de quienes, con su ausencia, han dejado una herida en nuestro entorno y en lo más profundo de nuestra existencia.
