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Violencia en mujeres migrantes

Ulises Lara López

Si el tema de la violencia es uno de los obstáculos que impide el ejercicio de los derechos humanos y que degrada la dignidad de las personas, otro de los graves y grandes pendientes es el fenómeno violento que enfrentan las mujeres que huyen de sus lugares de origen, obligadas por múltiples factores o falta de oportunidades.

Anteriormente en el fenómeno de migración, las mujeres viajan como acompañantes, hoy esa condición se ha revertido y es cada vez más común que lo hagan por su propia cuenta generando otra complejidad: la violencia en el contexto migratorio.

En este panorama, a la par del incremento en la movilidad de mujeres crecen las necesidades para brindarles protección, no obstante, todo esfuerzo ha sido insuficiente ante el aumento de los múltiples riesgos y situaciones que atentan contra su integridad, física, psicológica, emocional y su propia vida.

De acuerdo a cifras de organismos internacionales, cada año es más notable la feminización de la migración y en ese proceso las mujeres migrantes víctimas de violencia padecen diversas condiciones de vulnerabilidad: desde ser migrantes, ser mujeres y, en el peor de los casos, provenir de comunidades indígenas.

Al respecto, según informes de Amnistía Internacional y del Movimiento Migrante Mesoamericano, el 70% de las mujeres son sobrevivientes de abusos sexuales durante su cruce hacia los Estados Unidos.

Analistas e investigadores de esta temática coinciden que, muchas mujeres se ven forzadas a salir, por presión familiar o de su entorno, víctimas de violencia familiar, abuso sexual o usos y costumbres propios de una cultura que coarta sus posibilidades de crecimiento y desarrollo personal. Otro tanto, son inducidas u obligadas a viajar presas de la delincuencia y la trata de personas, prostitución o trabajos de tipo servil.

En esa realidad mexicana, de enero a septiembre de 2021, 54 mil 603 mujeres migrantes fueron detenidas en el país y más de 7 mil fueron deportadas.

En ese tenor, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) indica que, durante el primer trimestre del 2022 aumentó en un 31.7% el número personas solicitantes de la condición de refugiado con respecto al mismo periodo del año pasado.

Como esfuerzo de respuesta, la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID), y la COMAR han implementado el proyecto “Atención a mujeres solicitantes de asilo y refugiadas en México sobrevivientes y expuestas a violencia sexual y de género”, como parte de una alianza con enfoques de ayuda humanitaria y cooperación al desarrollo para la atención integral a las mujeres solicitantes.

La importancia de este proyecto radica en la necesidad de cubrir la brecha que actualmente existe para el apoyo, protección y recuperación de las mujeres sobrevivientes de violencia sexual y de género, con necesidad de protección internacional.

Analistas de la migración centroamericana que cruza por México para alcanzar Estados Unidos, destacan que además de quienes potencian la violencia hacia las mujeres migrantes, también refieren que las políticas migratorias mexicanas, durante los años recientes, han coadyuvado a elevar los riesgos de su tránsito por el territorio nacional, entre ellos, sortear los retenes, puntos de control móvil, decidirse por rutas más peligrosas e inhóspitas donde incrementa la posibilidad de que sean víctimas de delitos.

Así, en nuestro país las migrantes son extremadamente vulnerables ante la violencia ya sea de género, institucional, comunitaria, con sus propias familias, sexual, extorsión de autoridades y del crimen organizado que además de amenazarlas, las secuestra y las desaparece, en esto último, es difícil saber cuántas están en esa condición. Estimaciones del Laboratorio Nacional Diversidades de la UNAM, sugieren que son las mujeres jóvenes, de entre los 12 y los 17 años de edad, quienes más padece el tema de desaparición.

Entre las principales dificultades para reportar la violencia son las normas culturales y el estigma social; la normalización de la violencia, tanto en los lugares de origen como por todo el territorio nacional; el trauma ocasionado por la violencia; la falta de tiempo para denunciar debido a la necesidad de continuar el viaje; el desconocimiento de sus derechos y los servicios disponibles; el miedo, especialmente cuando los perpetradores son policías o agentes migratorios y la percepción de la baja capacidad de respuesta de los proveedores de servicios de asistencia a víctimas de violencia.

En otro aspecto, a pesar de que la Ley de Migración establece que no importa el estatus migratorio, las personas migrantes tienen el derecho a la salud en México; un mandato que solo queda en la letra porque en la realidad no hay garantía para que las mujeres migrantes accedan a los servicios de salud, ni que las tengan condición de embarazo reciban atención ginecoobstétrica o que, por norma, se proteja a aquellas que han vivido violencia sexual.

Por todo ello tanto víctimas, organismos, especialistas y todos los interesados en el tema, reconocen que a pesar de que en nuestro país se ha avanzado en materia legislativa al garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, como nación y como sociedad aún tenemos deudas pendientes.

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