Diputado presenta dictamen para incorporar tres cambios a la Ley de Instituciones de Crédito, a fin de erradicar esta nueva modalidad de extorsión digital
M de R/ Diario de Chiapas
En una intensa jornada legislativa correspondiente a este periodo ordinario de sesiones, Melgar, en su calidad de presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, presentó un dictamen para incorporar tres cambios a la Ley de Instituciones de Crédito, con el fin de erradicar la nueva modalidad de extorsión digital denominada “Montadeudas”.
Desde la máxima tribuna del país, el legislador tapachulteco señaló que este método utiliza aplicaciones digitales y páginas de internet para ofrecer préstamos con requisitos mínimos y que exige el acceso a contactos, fotos y vídeos de los números celulares de los solicitantes, con la finalidad de utilizarlos para asegurar el pago de estos créditos.
Melgar indicó que la aprobación de este dictamen pondrá fin al crecimiento de estas prácticas, que según cifras del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia, han aumentado en un 454% únicamente en la Ciudad de México desde 2021 hasta 2022. Además, subrayó que los integrantes de todas las fuerzas parlamentarias de la Comisión de Hacienda y Crédito Público consideraron urgente actualizar el marco legal vigente para poner fin a estos actos de perjuicio público.
“Como representante de uno de los estados más pobres del país, tengo la responsabilidad de combatir estas prácticas que lo único que buscan es lucrar con la necesidad de los mexicanos más vulnerables; basta de abusos, hay que defender la economía de quienes menos tienen”, señaló Melgar.
En este contexto, informó que los tres cambios a la Ley de Instituciones de Crédito propuestos en el dictamen incluyen:
La prohibición para las instituciones de crédito de solicitar acceso a la información privada.
La sanción con prisión de uno a seis años para quienes utilicen lenguaje financiero para hacer creer erróneamente al público que una persona o empresa es un intermediario o una entidad financiera.
La adición de un segundo párrafo al artículo 111 Bis para incrementar la pena anteriormente mencionada en 5 años y 3 meses, lo que evitará que se dicte una suspensión condicional del proceso judicial que enfrenten.
