Aplicar ley contra transportistas

M de R / Ocosingo
Tras el anuncio de la autodenominada Unificación del Autotransporte Colectivo Concesionado de Ocosingo (UNICO) de iniciar acciones de protesta para exigir la destitución de funcionarios de la Secretaría de Movilidad y Transportes del estado de Chiapas, lo que implica el establecimiento de bloqueos totales en los accesos a toda la ciudad de Ocosingo para este miércoles, diversas voces han comenzado a expresar su inconformidad y a exigir al gobierno de Rutilio Escandón Cadenas que, en el término de su gobierno, aplique la ley en contra de dirigentes corruptos que buscan beneficios personales a través del chantaje y la extorsión.
Se exige el restablecimiento del Estado de Derecho en este municipio. Ya basta de bloqueos carreteros que mantienen a los ocosinguenses sitiados, día tras día, afectando la paz y la tranquilidad social, y evitando el desarrollo económico y social de todos los sectores.
“Hoy se sabe de una autodenominada organización como la UNICO que realizará un bloqueo en los accesos a nuestra ciudad, solo para exigir beneficios personales sin tomar en cuenta el daño que causan a todos los ocosinguenses, y por eso exigimos que el gobierno aplique la ley y nada más que la ley”, sostienen asalariados del volante afectados por esta situación.
En este contexto, señalan que los principales protagonistas de estas acciones son dirigentes del transporte que, el 4 de agosto de 2023, fueron beneficiados con concesiones irregulares, favoreciendo principalmente a sus familiares directos y olvidando los derechos de los auténticos trabajadores que hoy se encuentran en espera de la resolución de un amparo general que busca invalidar esas concesiones otorgadas por Aquiles Espinosa García durante su gestión en la Secretaría de Movilidad y Transportes del estado.
Como orquestadores del bloqueo anunciado, se señala a Efraín Domínguez Aguilar, quien benefició a María Bellanira Trejo Trejo (esposa), Alexis Fabián Domínguez Trejo (hijo) y Pablo Antonio Domínguez Aguilar (hermano) con concesiones de transporte; así como a Héctor López Domínguez, quien se adjudicó una segunda concesión y benefició a Denier Elizabeth Cancino Liévano, en ambos casos sin ser transportistas. También se menciona a Rodolfo Rodríguez Ballinas, otro líder, quien se benefició directamente al adjudicar concesiones a Lesbia Ballinas Cancino (madre) y Nancy Caori Liévano Domínguez (nuera).
Otros líderes a quienes se pide se les aplique la ley son Ramón López Gómez, quien en la dictaminación bajo escrutinio legal se adjudicó una segunda concesión para el transporte público; mientras que Gerardo Montoya Liévano benefició a su cónyuge Irma Méndez Méndez. Asimismo, Nicolás Paniagua Muñoz, como dirigente, benefició a su primogénito Eduardo Ramiro Muñoz Córdova, y al mismo tiempo, se adjudicó una segunda concesión personal.
De acuerdo con la denuncia hecha pública, exigen, entre otras cosas, implementar acciones apegadas a derecho que eviten la realización de bloqueos carreteros que afectan la economía y la paz social de la región. En este caso especial, en el que se ven involucrados los transportistas, exigen reabrir las carpetas de investigación que se encuentran archivadas y que han sido iniciadas por hechos delictivos del pasado y que son considerados delitos en agravio de la sociedad en general.