• No habrá fiesta mexicana en los municipios de La Trinitaria, Altamirano y Frontera Comalapa, por inseguridad
Ada Iveth Morales/Soydi Rodríguez / Corresponsales
En los municipios de La Trinitaria, Frontera Comalapa y Altamirano han anunciado la cancelación de las festividades patrias debido a la crítica falta de condiciones de seguridad.
La primera decisión fue tomada por el edil de La Trinitaria, Ervin Leonel Pérez Alfaro, quien, junto con su cabildo, dio a conocer que este año no se llevará a cabo la celebración del Grito de Independencia en su municipio.
Minutos después, el alcalde de Frontera Comalapa, Alejandro Mérida González, informó la suspensión tanto del Grito de Independencia como del Desfile Cívico.
Esta drástica cancelación de los eventos festivos se ha llevado a cabo con el objetivo principal de salvaguardar la integridad y seguridad de la población en estos dos municipios fronterizos.
Desde el pasado lunes, se ha registrado un bloqueo carretero en la zona de riego, en el tramo de Frontera Comalapa, así como en diversas vías de La Trinitaria. Los manifestantes exigen la salida de un general, operativos, detenciones y justicia por la muerte de la maestra del Cobach, Berlín Flor Mejía Velázquez, un incidente ocurrido en Amatenango de la Frontera.
Mientras que, en Altamirano, la presidenta concejal anunció la suspensión de las Fiestas Patrias debido a la situación crítica en el municipio. Sin embargo, la población ha señalado que el Consejo dejó de trabajar desde el pasado 8 de agosto, lo que hacía evidente la eventual suspensión de las actividades de las festividades patrias. Además, han denunciado que las áreas municipales siguen sin atención hasta el momento.
Más de mil ejidatarios han estado luchando durante 23 días para exigir justicia y paz social Altamirano. Han mantenido un bloqueo total en las tres entradas y salidas de la ciudad, con el propósito de lograr la destitución de Gabriel Montoya Oseguera y del Consejo Municipal.
A principios de septiembre, los manifestantes tomaron las instalaciones de la Presidencia Municipal y el DIF Municipal como parte de su estrategia para ejercer presión sobre el Congreso del Estado.
