Los que cometan funcionarios al interior de las instituciones públicas, serán castigados con todo el peso de la ley: Romero Basurto
Ainer González / Diario de Chiapas
En el gobierno de la nueva era, los actos de corrupción que comentan funcionarias y funcionarios al interior de las instituciones públicas, serán castigados con todo el peso de la ley, sostuvo Ana Laura Romero Basurto, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno del Gobierno del Estado de Chiapas.
En el marco de la firma de convenio de colaboración con el secretario de Educación Estatal, Roger Adrián Mandujano Ayala, para la implementación del Sistema de Control, Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública para el Combate a la Corrupción con el uso de Inteligencia Artificial, Romero Basurto dio a conocer que una de las primeras tareas en la dependencia que encabeza será fiscalizar a cada una de las instituciones públicas.
En conferencia de prensa, la secretaria mencionó que, por órdenes del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, cada una de las instituciones públicas será evaluada en materia de transparencia, con el fin de que en cada instancia se erradique la corrupción.
“El propósito de esta reunión es llevar a cabo el primer convenio de varios de muchos, (que se celebren en los próximos días) de colaboración con la Secretaría de Educación, para la implementación del seguimiento y evaluación de la gestión pública para el combate a la corrupción”, dijo.
Por lo anterior, la funcionaria estatal mencionó que antes de concluir el año, esperan que otras secretarías, departamentos e instituciones se sumen a este pacto contra la corrupción, ya que, manifestó que estas acciones harán la diferencia en la nueva era de Chiapas.
Para concluir, la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno invitó a las y los funcionarios del estado, como a la población en general, a denunciar cualquier anomalía que vaya fuera de la legalidad, externando que cada persona que levante la voz tendrá la cautela del anonimato.
Además, mencionó que la cultura de la denuncia pública debe ser un eslabón esencial para recuperar la confianza en las autoridades, ya que defendió, que este tipo de mecanismos resulta ser una herramienta para combatir y erradicar prácticas que transgreden con el bienestar público.
