· Por lo menos dos retenes con este “servicio” no “vieron” el tráiler hacinado de migrantes
Jeny Pascacio / Diario de Chiapas
Al menos dos retenes con detectores infrarrojos debieron notar a las personas hacinadas dentro del tráiler en el tramo de Comitán-Chiapa de Corzo donde ocurrió el accidente en el que murieron 55 migrantes.
De acuerdo con los testimonios, los tripulantes abordaron la unidad en Comitán y San Cristóbal de Las Casas, rumbo a Estados Unidos.
Los automovilistas que a diario circulan por esa vía, además de organizaciones sociales como el Comité Digna Ochoa, recordaron que, en las entradas y salidas de las citadas ciudades turísticas, además de la capital de Chiapas, existen al menos tres puestos de control permanentes.
La versión de la sociedad civil contradice lo señalado por la Guardia Nacional, que negó que el vehículo pesado haya pasado por puestos de control en su trayectoria.
Para la organización nacional Brigada Callejera, la trata de personas no se podría sin la complicidad de la policía, Migración y el Ejército Mexicano, sobre todo en las zonas de los Altos, Norte y Selva de Chiapas controladas por narcotraficantes que también se dedican a la trata de personas.
“Desde sus países de origen a muchos los engañan, les piden escrituras de casas y terrenos, para llevarlos endeudados y con engaños”.
Las organizaciones contactadas por Diario de Chiapas, coincidieron en que el delito de trata de personas, el segundo con mayor remuneración en el mundo, incrementó en los últimos diez años en la frontera sur de México.
En estas redes, participan desde pobladores de las comunidades indígenas donde se encuentran algunas casas de seguridad, hasta transportistas que incurren en otros delitos para que los vehículos en que transportan a sus víctimas, no sean descubiertos por la autoridad; hasta los uniformados encargados de la seguridad nacional.
Los grupos del crimen organizado se apropian de propiedades en caminos de extravío, o rutas claves; ofrecen o amenazan a los pobladores para que acepten ser reclutados o trabajar como halcones para la realización de varios delitos.
Como anteriormente lo denunció el defensor de los derechos humanos, Luis García Villagrán, la corrupción al interior del Instituto Nacional de Migración debe ser atendida de raíz, pues incluso, los propios migrantes han denunciado que los agentes trabajan en contubernio con la Guardia Nacional en actos de corrupción en la ruta migratoria.
Las autoridades se sientan y dicen que van a solucionar el problema e informan que no pasa nada, lamentó Elvira Madrid de Brigada Callejera.
En 2018, cuando comenzaron a llegar a México las primeras caravanas migrantes, los representantes el Consulado de Honduras en México, confirmó que los delitos contra personas migrantes incrementaron, con mayor número la trata de personas y el secuestro.
“Hay muchísimas empresas de transporte que circulan en contubernio con los polleros”.
“Es un problema sistemático”, que ahora se visibiliza y luego será olvidado, agregó el Comité Digna Ochoa con base en los Altos de Chiapas, y coincidió que será difícil erradicar si se evaden las responsabilidades.
IDENTIFICACIÓN
De acuerdo con el último dato del Instituto Nacional de Migración, 19 cuerpos sin vida de un total de 55, fueron identificados por sus familiares durante el fin de semana. Mientras, desde Guatemala, otros han solicitado la repatriación de sus deudos ante la desinformación que mantienen los gobiernos de ambos países.
Domingo Giovanni Raymundo Mateo, de 18 de años, salió de su casa en Almolonga, Quetzaltenango, Guatemala, el pasado miércoles 8 de diciembre acompañado de su concuño Miguel Dañaz Ortega, de 27.
El 9 de diciembre, el tráiler en el que viajaban Domingo y Miguel, y que estaba a punto de atravesar la capital de Chiapas, volcó 12 kilómetros antes.
En cuanto se enteró de lo sucedido en el accidente, la familia de la etnia Ixil, a través de las redes sociales en Guatemala, solicitó apoyo a las autoridades de ambos países para repatriar el cuerpo de Domingo Giovanni Raymundo Mateo que, de acuerdo con una lista difundida de manera extra oficial, no ha sido identificado.
El documento que titula “Relación de cadáveres accidente diciembre 2021”, muestra que de las 55 personas que perdieron la vida solo 19 han sido reconocidas: entre ellas una persona del sexo masculino de 13 años de edad; más de 10 oscilando entre 20 y 30 años; solo dos adultos mayores; además de una mujer de 16 años de edad originaria de Guatemala. Los 36 restantes permanecen como ‘no identificado’.
Leonel Gómez Zepeda de 37 años, es el segundo nombre del listado. Fue un futbolista reconocido entre los guatemaltecos, pues incursionó en la Primera División del Deportivo Malacateco de balompié en el vecino país.
Su esposa Yesenia Flores, pidió apoyo al gobierno de México, “lo único sabemos es que está muerto. Llegamos con la esperanza de encontrarlo con vida. Ahora ya no hay lágrimas, solo me queda del cansancio de los trámites y las vueltas, ya derramamos mucho llanto”, dijo a las afueras de la Fiscalía General de la República en Chiapas.
Contrario a las promesas públicas del INM de apoyar con los gastos de traslado y funerarios, la esposa del futbolista dijo que no ha recibido ningún tipo de apoyo de las instancias correspondientes, solo le dijeron que le van a llamar. Pero la espera es un gasto que tampoco tenían contemplado.
De acuerdo con Migración el proceso jurídico de repatriación es complejo, aunque se comprometieron a cubrir los gastos de traslado y funerarios, siempre y cuando las familias acepten.
El INM confirmó que aún se encuentran en la etapa de identificación de los fallecidos y que son pocas las familias que han acudido a reconocerles, pero en las próximas horas pueden arribar más para el trámite.
Los 55 migrantes muertos en el accidente del jueves están repartidos en los Servicios Médicos Forenses de Tonalá, Arriaga, Pijijiapan y Tuxtla Gutiérrez, donde a decir de las organizaciones de la sociedad civil, como la red TDT, no existen las condiciones para realizar el debido proceso.
Mientras tanto, los 107 heridos permanecen en los hospitales de la zona metropolitana resguardados por la autoridad migratoria.
