• Ahora sancionarán también a quien lleve bajo índice de bebidas, de dos o tres cervezas
Marco Alvarado/ Diario de Chiapas
La reducción en los límites de alcohol en sangre propuesta por el gobierno de Tuxtla Gutiérrez tiene como objetivo principal recaudar fondos, pero no está en consonancia con la ley estatal y va en contra del Protocolo Nacional para la Implementación de puntos de Control de Alcoholimetría, establecido por el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes. Así lo expuso la regidora Adriana Guillén Hernández, quien votó en contra de esta nueva disposición.
Según la funcionaria, el gobierno municipal de Tuxtla Gutiérrez busca imponer multas con niveles de alcohol más bajos que los aplicados por la autoridad estatal, lo que podría resultar en detenciones y multas excesivas.
Durante la sesión extraordinaria de Cabildo celebrada este martes, la funcionaria señaló que existen quejas contra este programa debido a que el reglamento actual “presenta lagunas al considerar como aliento alcohólico un resultado que va del 0.01% al 0.79%, lo que ha provocado la detención de personas que solo han consumido una o dos cervezas, con resultados de 0.17%, y se les impone multas de ocho a nueve mil pesos”.
Mientras que la ley estatal contempla sanciones a partir del 0.40% al 0.79%, el gobierno de la ciudad pretende imponer multas de más de tres mil pesos a los conductores que arrojen un resultado a partir del 0.20%.
Reducir este porcentaje, como pretende la administración municipal, daría vía libre a los agentes de tránsito para detener y sancionar a cualquier conductor que haya consumido al menos una cerveza u otra bebida alcohólica.
En relación a este punto, la regidora considera que la propuesta final del Reglamento de Tránsito y Vialidad municipal debe tener en cuenta estas observaciones, ya que la propuesta elaborada por la Consejería Jurídica “no se adhiere al Protocolo Nacional para la Implementación de puntos de Control de Alcoholimetría, que establece incluso los uniformes y equipos que se deben utilizar para realizar las pruebas, así como los niveles de alcohol a considerar para imponer una multa”. Estos aspectos fueron ignorados en la propuesta enviada al Cabildo.
A esto se suma el hecho de que se requiere la presencia de un médico legista certificado en estos operativos, sin embargo, el gobierno de la ciudad solo cuenta con dos médicos, lo que imposibilita su presencia en todos los puntos de revisión establecidos por el Ayuntamiento, lo cual también va en contra de la ley.
El pasado 9 de marzo, el Ayuntamiento de la ciudad anunció el inicio de operativos de alcoholímetro en diferentes puntos de la ciudad, con la advertencia de que las sanciones van desde 150 Unidades de Medida y Actualización, hasta arresto por 36 horas, detención del vehículo y presentación ante el Ministerio Público.
Estos operativos se han llevado a cabo, por ejemplo, en la llamada Zona Dorada, donde se encuentran numerosos bares, algo que también ha sido objeto de críticas, ya que da la impresión a los ciudadanos de que los policías los están “cazando” a las afueras de los establecimientos.
En relación a la modificación propuesta por el gobierno de la capital, la regidora también señaló que las multas propuestas equivalen, en promedio, a hasta tres meses de salario para un trabajador con ingresos mínimos, es decir, tendrían que destinar la totalidad de su sueldo para poder cubrir la sanción impuesta, lo cual vulnera sus derechos humanos.
Además, si una persona que ha consumido alcohol realiza la prueba de alcoholemia con las autoridades estatales, podría dar un resultado negativo, mientras que con el sistema municipal el resultado sería positivo, generando confusión entre los habitantes.
Por estas razones, instó a que los niveles de alcohol y las sanciones deben estar alineados con la Ley de Tránsito Estatal, así como las medidas que garanticen una aplicación adecuada respetando los Derechos Humanos.
En Chiapas, conducir bajo los efectos del alcohol es considerado un delito grave según el Artículo 385 del Código Penal vigente, sin embargo, la medida propuesta por el Ayuntamiento resulta confusa y parece tener otros objetivos distintos a proteger a los conductores y ciudadanos en general.
