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Exigen liberar a indígenas

Unos 100 indígenas tzeltales, representantes comunitarios y católicos protestaron para exigir la liberación de cinco personas de esa comunidad acusadas «injustamente» de un homicidio

Agencias / Diario de Chiapas

Acompañados por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDH Frayba), habitantes del municipio de San Juan Cancuc protestaron afuera de la cárcel denominada Centro de Rehabilitación Social (Cerss) número 5, donde están recluidos los cinco indígenas.

Allí exigieron la liberación de Manuel Santiz Cruz, presidente del Comité de Derechos Humanos de la localidad de San Juan Cancuc, y cuatro tzeltales más que están detenidos por la Fiscalía Indígena del estado.

Los hombres están presos desde hace cuatro días de forma preventiva por un homicidio calificado.

Familiares, amigos, sacerdotes y activistas se congregaron desde la mañana del sábado frente al penal e iniciaron una marcha alrededor del inmueble, con cantos de paz.

Cargaban carteles con leyendas como “los miramos de frente porque caminamos con la verdad”, “no queremos más mentiras, Gobierno, queremos una justicia verdadera y respetuosa”, “Fiscalía represora” y “somos defensores y defensoras del territorio y de la madre tierra, no delincuentes”.

El abogado Jorge Hernández, del CDH Frayba, aseveró que no hay evidencias contra Santiz Cruz, ni los otros inculpados: Agustín Pérez Domínguez, Juan Velazco, Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez.

“No cometieron el asesinato de Antonio Aguilar Pérez, policía municipal de San Juan Cancuc, pues no hay pruebas y la Fiscalía no tiene acreditado tampoco que falleció esa persona”, expuso el defensor a Efe.

Hernández expresó su inquietud ya que el próximo lunes se define la situación legal de los detenidos.

“Estamos preocupados porque ellos llevan la de perder, pues todo el poder del Estado está en contra de ellos, solicitaremos un cambio de juez ya que no confiamos en su independencia e imparcialidad, ya que hemos notado que está a favor de la Fiscalía”, lamentó.

El caso ha despertado indignación de organizaciones como Front Line Defenders, que denunció que los “arrestos arbitrarios parecen ser parte de una estrategia más amplia para reprimir comunidades”.

El hecho tiene lugar casi un mes después de que tres indígenas murieran en un enfrentamiento con policías estatales de Puebla, estado del centro del país.

Las mujeres de los detenidos expresaron su intranquilidad.

“Tengo siete hijos, estoy preocupada porque mi esposo es el que se encarga de trabajar la tierra y traer el sustento para todos nosotros”, comentó Rosa López Pérez, esposa de Agustín Pérez Domínguez.

En tanto, José Luis Vargas, vicario de San Juan Cancuc, calificó de “exceso” el que las autoridades municipales acusen a estas personas.

Vargas sugirió que esto puede estar relacionado con que ellos “participan activamente en contra de los megaproyectos nacionales, como es el caso de una autopista que pretenden hacer desde Palenque a San Cristóbal, quitándoles la poca tierra que tienen”.

La manifestación culminó en el Palacio de Justicia de los Altos, donde realizaron una simbólica clausura del inmueble y pegaron sus cartulinas en las paredes.

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