- Los últimos reportes señalan que los grupos “Autónomos” y “El Karma” se disputan el control de la zona, lo que está provocando el desplazamiento masivo de habitantes hacia Yajalón
Marco Alvarado/ Diario de Chiapas
Desde abril pasado el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), alertaba de un creciente escenario de violencia en Chiapas, como el que ahora se observa en el municipio de Tila, en donde se están enfrentando grupos armados con fuerzas militares, atacando por igual a la población civil.
Los últimos reportes desde Tila, señalan que los grupos criminales “Autónomos” y “El Karma”, se disputan el control de la zona, lo que está provocando el desplazamiento masivo de habitantes hacia el municipio de Yajalón, y hasta este sábado se estimaba que más de tres mil pobladores habrían salido de esta localidad, como consecuencia de este éxodo.
Situación que el Frayba había advertido “hemos constatado y visibilizado que, al menos desde junio de 2021, la situación de violencia se ha profundizado como un cáncer en nuestro estado, en el marco de la disputa criminal por el dominio del territorio. Esta situación se caracteriza no sólo por la confrontación armada entre grupos delincuenciales, sino también por el intento de controlar, en un alto grado mediante estrategias de terror, la vida social, económica y política de las comunidades. En consecuencia, la población chiapaneca y en movilidad vive graves impactos”, señalaba en un informe sobre la violencia en Chiapas, en el que exigen la intervención del Estado mexicano.
Sin embargo, como se observa en Tila, esta intervención es lenta o deficiente, lo que aumenta la vulnerabilidad de infancias, mujeres y adultos mayores.
De acuerdo con el Frayba “la violencia en contra de la población civil en Chiapas no es un daño colateral, tiene como propósito el control social como uno de los principales pilares de la estrategia de guerra de los grupos de la delincuencia organizada, sin que el Estado intervenga para dar solución y proteger a las comunidades”.
Mientras que en otras regiones del estado azotadas por el mismo problema, asambleas y autoridades comunitarias son controladas por bandos de la delincuencia que aseguran así el sometimiento poblacional a sus intereses y su hegemonía en cada espacio territorial. Comerciantes, transportistas y otros gremios son obligados a alinearse a “organizaciones” que se configuran como su brazo civil, así como a pagar “derecho de piso”. La resistencia a este dominio es castigada con asesinatos, desaparición o castigos físicos públicos, señala el citado informe.
