Jeny Pascacio / Diario de Chiapas
Datos emitidos en 2019 por la Organización Internacional del Trabajo advierten que la condición de estancia irregular de las trabajadoras migrantes es aprovechada por empleadores para explotarlas laboralmente o ser objeto de diferentes formas de violencia y acoso.
En diciembre de 2020, México asumió la presidencia Pro-Tempore 2021 de este mecanismo regional y prevé impulsar acciones que promuevan una mejor atención y asistencia hacia las personas migrantes, en especial a quienes pertenecen a grupos excluidos, discriminados y vulnerados en el ejercicio de sus derechos, así como detonar estrategias coordinadas para la incorporación y reconocimiento de las habilidades y competencias laborales.
La OIT estimó que, en el mundo, hay 40.3 millones de personas atrapadas en el trabajo forzoso, la trata de personas o en condiciones similares a la esclavitud, de los cuales 44 por ciento son personas trabajadoras migrantes nacionales o internacionales.
El trabajo forzoso genera alrededor de 150 mil millones de dólares de ganancias ilícitas anuales, con base en estudios de la Organización.
El Instituto Nacional de Migración y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social realizaron el conversatorio ‘Intercambio de buenas prácticas en materia de contratación y protección laboral de personas migrantes’, en el marco de la XXVI Conferencia Regional sobre Migración.
Participaron 11 países: Belice, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, que conforman la CRM. Identificaron los elementos que permitirán impulsar políticas públicas en sus naciones, a fin de contrarrestar acciones abusivas en perjuicio de personas trabajadoras migrantes nacionales o extranjeras, con una especial atención a las mujeres.
Además de la urgencia de garantizar una regulación y supervisión de quienes contratan trabajadores extranjeros, para atajar prácticas como la retención de documentos migratorios, cobro de cuotas, deducciones salariales, entre otras acciones que podrían ser violatorias a los derechos humanos o constituir delitos.
