– Este jueves, en sesión ordinaria, la 69 Legislatura aprobó por mayoría de votos la armonización del Código Civil local, reconociendo con ello la unión legal de dos hombres o dos mujeres
Marco Alvarado/ Diario de Chiapas
Luego de una lucha de siete años el Congreso de Chiapas acató una orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), respecto a la legalidad de los matrimonios entre personas del mismo sexo.
Este jueves, en sesión ordinaria, la 69 Legislatura aprobó por mayoría de votos la armonización del Código Civil local, reconociendo con ello la unión legal de dos hombres o dos mujeres.
Durante el desarrollo de esta sesión, considerada “histórica” por parte de los integrantes de la comunidad de la diversidad sexual, el Pleno respaldó, con 29 votos a favor y cuatro abstenciones, este cambio legal que había sido solicitado por distintas organizaciones defensoras de los derechos humanos, así como de los colectivos de la diversidad sexual.
No obstante, como lo explicó el activista de la organización Unidos Diferentes, Héctor Estrada Avelar, en el caso de Chiapas las anteriores legislaturas se habían negado a atender este tema, pese a que la Corte emitió un fallo, el 11 de julio de 2017, reconociendo que el matrimonio entre dos personas del mismo sexo en Chiapas era legal.
En ese mismo año, la Corte señaló que “prohibir estas uniones violaba las disposiciones de igualdad y no discriminación de los artículos 1 y 4 de la Constitución de México, de tal forma que el fallo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2018, legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo en el estado de Chiapas”, aunque las y los diputados, debido a presiones de grupos religiosos, se negaron a modificar el Código Civil.
Avelar explicó que la Acción de Inconstitucionalidad 32/2016, promovida por Unidos Diferentes, mediante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dio paso a la invalidación de fragmentos de los artículos 144 y 145, y abrió la posibilidad de la unión civil entre personas del mismo sexo en la entidad, luego de una lucha de varias décadas desde distintas organizaciones e individualidades, contabilizando hasta ahora alrededor de 200 matrimonios igualitarios que se han celebrado entre 2017 y 2023.
Finalmente, y tras una férrea resistencia desde el Congreso, alentada por las iglesias de perfil judeocristiano, este jueves las y los legisladores cumplieron con lo ordenado por la Corte, para reformar y armonizar el Código Civil local, y continuar con el pleno reconocimiento de los derechos humanos de la comunidad LGBTI.
ACTO DE JUSTICIA
En tribuna, la diputada por Morena, Marcela Castillo, expuso los alcances de este cambio legal “como un derecho y no una concesión”, recordando que las y los legisladores deben orientar sus votos sin anteponer ideologías y creencias personales, ya que los derechos humanos no son negociables.
“Es un día histórico para Chiapas y para nuestro compromiso con la justicia, la igualdad y la inclusión en este recinto tenemos frente la oportunidad de corregir una omisión histórica al reformar el Código Civil del Estado reconociendo que el matrimonio es la unión entre dos personas sin importar su orientación sexual”.
Agregó que este cambio “corrige una injusticia histórica al garantizar el matrimonio igualitario, brindarles el acceso pleno a derechos como la seguridad patrimonial, la protección familiar y el acceso a servicios básicos. No podemos perpetuar desigualdades ni enviar mensajes de exclusión y negar derechos”, destacó.
También enfatizó que Chiapas es el penúltimo estado de la República en garantizar los derechos de todas las personas sin discriminación por orientación sexual, ya sólo el estado de Chihuahua no reconoce aún este derecho.
“Este Congreso tiene ante sí la responsabilidad de subsanar con esta reforma los artículos 144, 145, 169 y 174; reconocer el matrimonio igualitario, es un acto de justicia y de dignidad, estas personas nos recuerdan la responsabilidad que tenemos como representantes del pueblo independientemente de las ideologías políticas o creencias religiosas”, expresó durante su participación en la tribuna.
Durante la votación de este polémico tema no estuvieron en el Pleno, Juan Salvador Camacho Velasco; José Jesús Domínguez Castellanos; José Uriel Estrada Martínez; Bertha Flores Sánchez; Fermín Hidalgo González Ramírez y María Roselia Jiménez Pérez.
Mientras que Jovannie Maricela Ibarra Gallardo; María Isabel Rodríguez Jiménez; Selene Josefina Sánchez Cruz y Domíngo Velázquez Pérez, fueron los legisladores que se abstuvieron de votar.
También fue polémica la presencia de la diputada Sáhara Munira José Flores quien, pese a ocupar una curul asignada para la comunidad LGBTI, no se ha pronunciado sobre estos temas desde que asumió la diputación, como tampoco ha tenido la capacidad de hablar sobre los feminicidios, pese a que ella encabeza la comisión que debe atender estas muertes violentas de mujeres.
En esta ocasión, pese a que era su oportunidad para ser la voz de la comunidad que dice representar, no se atrevió a subir a tribuna y tampoco habló con las y los activistas que llegaron a la sesión.
