- El deceso de 35 recién nacidos hace 20 años, en el gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía, no tiene aún un castigo justo
- El “ego de Soyaló” solucionó los decesos con una indemnización de 500 mil pesos para cada familia afectada
Marco Alvarado/Diario de Chiapas
La trágica muerte de 35 recién nacidos ocurrida hace 20 años en el municipio de Comitán de Domínguez, es un tema tabú sobre el que se ha construido un ‘muro’ de silencio.
Este diario buscó los testimonios de primera mano, pero ningún médico, enfermera o personal administrativo que trabajaba en el Hospital General María Ignacia Gandulfo, lugar en donde ocurrieron los hechos en el año 2002, quiere tener algo que ver con la memoria del dolor que Diario de Chiapas documentó en aquel momento.
Dos décadas después de esta tragedia, resultado de la desatención y la falta de insumos ocurrida durante el gobierno de Pablo Abner Salazar Mendiguchía, no hay un castigo justo en contra de aquellos 11 médicos comitecos que las indagatorias encontraron como responsables directos de estas muertes.
Eran 35 vidas a las que el gobierno de Pablo Salazar impuso un precio para acallar los reclamos: 500 mil pesos. Aunque fueron muchos los padres y madres que continuaron hasta la fatiga pidiendo el castigo que nunca llegó.
Hay que recordar que luego de conocerse la escandalosa cantidad de muertes que estaban ocurriendo a finales de 2002, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) comenzó una investigación en la que se comprobó la negligencia médica y gubernamental que limitó la sobrevivida de estos recién nacidos, con quienes Chiapas tiene una deuda impagable en tanto que ninguno de los responsables esté encarcelado.
La investigación demostró, por ejemplo, que el personal médico no atendió el sufrimiento fetal de la pequeña Guadalupe Silvestres. Su madre, Elida Vázquez fue dejada sola con su dolor durante 12 horas, sin que ningún ginecólogo y pediatra las asistiera.
Algo similar ocurrió con Jorge Hernández, quien previo a su nacimiento estaba sufriendo problemas cardiacos y de asfixia, sin que su madre haya recibido una evaluación oportuna que, de acuerdo con la CNDH, habría posibilitado su sobrevivencia.
La intervención médica también fue un desastre en el caso de Reyna Espinosa, quien no pudo tener entre sus brazos a su pequeño, quien fue víctima de complicaciones que lo llevaron a morir en el útero.
Malas condiciones en los respiradores, inasistencia de pediatras, carencias de insumos y contradicciones en el criterio médico, están entre las causas documentadas que provocaron estas muertes.
Además, CNDH determinó que, en ocho casos, se advirtió que existió una inadecuada atención médica de los agraviados, lo que constituye responsabilidad profesional y administrativa por parte de los servidores públicos adscritos a dicho hospital, toda vez que procedieron de manera indebida y no proporcionaron la atención, valoración y vigilancia médica adecuada.
En cuanto a los otros 27 casos, si bien no se acreditó responsabilidad en el servicio médico proporcionado, la auditoría practicada por la Contraloría General del estado detectó múltiples irregularidades en el nosocomio, siendo las principales la falta de supervisión y de un estudio de las necesidades del hospital.
Además, al no contar con los especialistas necesarios para brindar atención médica adecuada, se propició que la valoración médica se efectuara por médicos internos de pregrado, quienes tomaron decisiones sin tener los conocimientos adecuados y sin contar con la asesoría de especialistas, así como la firma indebida de las notas de evaluación de los pacientes.
A esto se suman la falta de medicamentos, instrumental y equipos médicos, que contribuyó a la deficiente atención médica. La carencia de personal suficiente lo que ocasionó que no se cumpliera adecuadamente con las guardias de diciembre de 2002 y provocaron que los servicios no fueran adecuados.
La presencia de médicos con funciones en diversos centros hospitalarios con horarios incompatibles lo que provocó ausencias injustificadas y abandono de labores. La presencia de un médico general realizando funciones de ginecólogo sin ser especialista.
Y si bien hubo casos en los cuales como nota común de las causas de fallecimiento se encontró falta de control prenatal no imputable a los servidores públicos del hospital, la atención empírica de algunos de los partos con la consiguiente falta de higiene, así como la prematurez de los productos a la hora del nacimiento, el gobierno del estado difundió que todos los fallecimientos fueron exclusivamente por estas circunstancias, omitiendo su responsabilidad en atención inadecuada y falta de condiciones mínimas para la preservación del derecho a la salud.
20 años después de la tragedia comiteca, el Hospital General María Ignacia Gandulfo ya no atiende a mujeres embarazadas. En mayo del año 2010 se inauguró el Hospital Materno Infantil, enfocado a la atención de menores y mujeres que habitan diversos municipios de la Meseta Comiteca y Tojolabal.
Pero continúa el recuerdo de aquellas muertes, y de cómo el gobierno trató de imponer un silencio en las 35 familias antes que actuar con justicia, sabedores de que la cadena de responsabilidades haría caer las esperanzas políticas de muchos funcionarios.
Si bien Pablo Salazar fue encarcelado en junio de 2011, no fue por estas responsabilidades como titular del gobierno estatal, sino por un presunto desvío de recursos, por el orden de los 104 millones de pesos, de lo cual, posteriormente, fue exonerado, lo que quitó la oportunidad de hacer justicia para los padres y madres.
Hoy el silencio alrededor de esta negligencia que cobró la vida de bebés chiapanecos es palpable en ambos hospitales comitecos, en donde incluso el acceso de la prensa es limitado o restringido, sobre todo cuando se sospecha de una inadecuada atención médica.
Eso explica también la reticencia a dar información, a tal punto que no solo no quieren hablar de lo ocurrido, sino que incluso amenazan a quienes recuerdan uno de los episodios más tristes en la sanidad estatal.
