Consejo Interreligioso de Chiapas manifestó su opinión en contra de que el Congreso revise y apruebe las despenalización
Marco Alvarado / Diario de Chiapas
Luego de conocerse que el Congreso del Estado revisará el Artículo 181 del Código Penal local, para cumplir con lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en relación a la interrupción legal del embarazo, el Consejo Interreligioso de Chiapas manifestó su opinión en contra.
Esta organización también exhortó a las y los legisladores a defender la vida humana, desde su inicio hasta su conclusión, y que actúen con razón y prudencia, especialmente porque la sociedad actual está marcada por una creciente violencia y cultura de la muerte.
También, respaldaron que se respete la objeción de conciencia por parte del personal de la salud, especialmente como una forma de protección a la libertad religiosa y los principios morales.
De acuerdo con lo informado de la SCJN, el Congreso de Chiapas debe adecuar el Artículo 181 del Código Penal local, por contravenir el derecho a la libre decisión de las mujeres y criminalizar la interrupción del embarazo.
Anteriormente, el Poder Legislativo quitó de este artículo el plazo de 90 días para poder realizar este procedimiento, los ministros estimaron que aún es violatorio, al señalar que persisten limitantes en la libre decisión de las mujeres y sus derechos a la autonomía, salud libertad reproductiva, libre desarrollo de la personalidad, dignidad humana, entre otros.
Esto debido a que la redacción del artículo sólo establece que “No es punible el aborto cuando el embarazo sea consecuencia de violación, o cuando la madre embarazada corra peligro de muerte, o pueda determinarse que el producto sufre alteraciones genéticas o congénitas que den por necesario el nacimiento de éste con trastornos físicos o mentales graves, previo dictamen del médico que la asista, oyendo el dictamen de otros médicos especialistas, cuando fuere posible y no sea peligrosa la demora.”
De acuerdo con la CNDH, el artículo 181 del Código Penal para el Estado de Chiapas establece los supuestos en los que no se aplicará la pena por la comisión del delito de aborto, no obstante, “la disposición es inconstitucional en la medida en que forma parte de un sistema que criminaliza de forma absoluta a las mujeres y a las personas gestantes que deciden abortar, anulando así su derecho a decidir y otras prerrogativas que les reconoce el parámetro de regularidad constitucional”.
Sobre este tema también presentó su postura la Iglesia Católica mexicana, al señalar que está en contra de estas modificaciones legales porque “pone en riesgo la salud y la vida de las mujeres al crear la falsa percepción de que el aborto es seguro y es la única opción ante un embarazo en circunstancias difíciles”.
