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Parque Central, convertido en letrina pública

•          Manifestantes de la OCEZ no respetan las jardineras del Palacio de Gobierno Federal de Tuxtla Gutiérrez

Ainer González / Diario de Chiapas

Por abandono de las autoridades y por la falta de conciencia social y cultural, las jardineras del Palacio de Gobierno Federal de Tuxtla Gutiérrez —edificio que localiza dentro del Parque Central— se convirtieron en letrinas públicas.

Comerciantes del quiosco del Parque Central, así como habitantes de la 2a Oriente y 1a Norte de la capital chiapaneca, denunciaron que personas plenamente identificadas han invadido las jardineras de las oficinas del Servicio Postal Mexicano (antes Correos Mexicanos), para usarlas como sanitarios.

Las personas plenamente identificadas, señalaron que pertenecen al grupo de manifestantes de la Casa del Pueblo del municipio de Venustiano Carranza, quienes desde hace una semana mantienen instalado un plantón en la plancha del Parque Central de Tuxtla Gutiérrez.

Por lo anterior, expusieron que estas acciones deben ser investigadas y sancionadas como faltas cívicas y también como un tema de riesgo sanitario, toda vez que en la zona hay decenas de locales y establecimientos que se dedican a la venta de alimentos, dejando en incertidumbre a quienes se dedican a estas actividades.

Ante esta problemática, las y los afectados solicitaron al líder o líderes de la Casa del Pueblo de Venustiano Carranza, realizar una limpieza exhaustiva de las jardineras contaminadas por las orinas y heces fecales, dejar de hacer estas acciones y en caso de continuar con el plantón, que se busquen alternativas para que sus necesidades fisiológicas no afecten a terceros.

Asimismo, demandaron al ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez vigilar y sancionar a quienes lleven a cabo estas acciones.

De acuerdo al artículo 8 del Reglamento de Justicia Cívica del Orden Jurídico Nacional de la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación (Segob), en la fracción tercera, se consideran faltas al orden público en materia de justicia cívica: orinar o defecar en cualquier lugar público distinto de los establecidos para esos efectos, en donde la sanción va de uno a 30 días de salario mínimo (de 207.44 pesos a 6 mil 223 pesos) o arresto administrativo de 12 a 36 horas.

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