Reformas a la Constitución han servido para beneficiar a clase política, y grupos de poder

Silvano Bautista I. / Diario de Chiapas

Cada 5 de febrero, la clase política del país festeja con ‘bombo y platillo’ un aniversario más de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Emiten grandes discursos haciendo remembranza de la grandeza de nuestra Carta Magna, y se manifiestan respetuosos de la misma y aseguran que ésta se cumple. Sin embargo, en la realidad esto es todo lo contrario.

En este sentido, Gabriel Soberano Velasco, abogado, litigante y con experiencia en el ramo jurista, consideró que en México las reformas aplicadas a la Constitución han servido únicamente para beneficiar a la clase política, y a los grupos de poder económico en turno. Destaca que la administración del actual Gobierno Federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador no ha estado exenta de ello.

Historial de reformas constitucionales

La Ley Suprema de la Nación –la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos– ha sido reformada en 741 ocasiones. Suman 243 decretos para modificar los 136 artículos que contiene.

Dos tercios del total de las reformas, o el 66.66 por ciento, ocurrió precisamente entre 1982 y 2018. Se trata de un total de 494 modificaciones que incluyó aspectos torales como el de la educación, la tenencia de la tierra, los recursos del subsuelo, las condiciones de trabajo, los derechos humanos, los derechos de los pueblos indígenas, el Poder Judicial y el propio control de la constitucionalidad, entre otros.

Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y a más de un año de haber asumido la titularidad del Poder Ejecutivo, se han realizado 34 modificaciones mediante tres decretos. La última de ellas, en materia de consulta popular y revocación del mandato.

De acuerdo con datos del Servicio de Información para la Estadística Parlamentaria de la Cámara de Diputados, la mayoría de las 494 reformas neoliberales ocurrieron en el periodo de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Fue el sexenio del “Pacto por México” entre los entonces partidos dominantes del sistema político mexicano: Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD).

Concretó el mayor número de reformas en toda la historia de la Constitución. Se modificaron 155 artículos.

Por su parte, el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) logró apuntarse 110 reformas; el de Ernesto Zedillo (1994-2000), 77; el de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), 55, y el de Vicente Fox Quesada (2000-2006), 31.

Previo al periodo neoliberal, del gobierno de Álvaro Obregón (1920-1924) al de José López Portillo (1976-1982) se concretaron 213 cambios constitucionales.

Los artículos constitucionales con más modificaciones han sido el 73 (facultades del Congreso), el 123 (trabajo), el 27 (régimen de propiedad) y el 89 (facultades del Ejecutivo). Tan solo estos cuatro artículos se han modificado 144 veces, lo que representa el 20 por ciento del total de veces que se ha reformado la Constitución.

Reformas con tintes nacionalistas

En opinión de Soberano Velasco, casi todas las reformas aplicadas a la Constitución se llevan bajo un esquema del supuesto nacionalismo revolucionario.

En el caso de las reformas implementadas durante los primeros dos años del actual Gobierno Federal, éstas tienen un tinte en contra de las llamadas reformas neoliberales que fueron aplicadas en los últimos años en el país.

En este caso, puso como ejemplo la reciente iniciativa de ley enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados que tiene que ver con reformar diversas disposiciones legales relacionadas con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para dar prioridad a esta instancia como generadora de energía eléctrica, dejando de fuera a las llamadas energías renovables.

Sin embargo, en este caso se corre el riesgo de que empresas extranjeras que han invertido en la materia en el país puedan llevar su inconformidad al tribunal internacional de arbitraje, con sede en París, y México podría perder la batalla legal y ser condenado a pagar las multas establecidas, todo ello aunado al riesgo de que se alejen inversiones extranjeras al no haber garantías y certidumbre para la inversión.

Compartir:

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *