- El actual secretario de Cultura es un protegido de Miguel Barbosa, quien se ha hecho de la vista perdida con todas las anomalías y faltantes de los museos de la ciudad de los Ángeles
Eduardo Cabrera/Diario de Chiapas
En los últimos tres años, la política cultural ha avanzado a marchas forzadas en la actual administración de Miguel Barbosa Huerta, gobernador del estado de Puebla. Dos secretarios de Cultura han tratado de encauzar a la dependencia hacia un proyecto que beneficie a los museos, pero al menos, uno de ellos encontró una institución marcada por la corrupción.
Julio Glockner Rossainz, secretario de Cultura de 2018 a 2020, se apartó del actual gobierno tras denunciar una serie de irregularidades al frente de la secretaría; en su salida, escribió una carta al gobernador y a la opinión pública sobre una dependencia manipulada por intereses políticos.
“Subsisten en la Secretaría y en Museos Puebla personas indolentes, con una visión estrecha que sólo les permite ocuparse de sí mismos y del pequeño grupo enquistado de esta dependencia al que han pertenecido por años”, escribió tajantemente Glockner en 2020.
Señaló en especial al Organismo Público Descentralizado (OPD) Museos Puebla, depedencia estatal que administra 21 museos, al que denunció por una serie de irregularidades en la gestión de distintos recintos culturales en el estado, en su mayoría creados por el fallecido exgobernador Rafael Moreno Valle.
“Entre estas personas, y siento decirlo porque yo lo recomendé y reconozco mi error, está el señor Ernesto Cortés, que no ha logrado estar a la altura de sus responsabilidades como director de Museos Puebla, basta el imperdonable descuido en el que ha mantenido, desde otras administraciones y hasta la fecha, el acervo de tres museos de primera importancia en la ciudad: Casa del Alfeñique, Museo San Pedro y José Luis Bello, acervo consistente en más de dos mil cuatrocientas piezas que se encuentran seriamente dañadas”, acusó.
También aseguró que su salida se debía al boicot de grupos al interior de la dependencia y al distanciamiento con el gobernador Miguel Barbosa por haberse opuesto al proyecto de trasladar la Estrella de Puebla al barrio histórico de San Francisco.
Una vez aceptada la renuncia de Glockner de la Secretaría de Cultura, Barbosa Huerta realizó un relevo considerado polémico dentro de los círculos culturales en Puebla: nombró como titular a Sergio Vergara Berdejo.
La polémica nunca fue ajena en la carrera de Vergara en la función pública, incluso desde sus inicios como perito del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). En la administración de Rafael Moreno Valle se le acusó por la privatización de sitios históricos alrededor del barrio de San Francisco.
De acuerdo con reportes periodísticos, Sergio Vergara cedió permisos en su calidad de perito del INAH al hotel Rosewood para que se apropiara de los antiguos lavaderos de Almoloya, que datan de 1704 (los cuales, por cierto, fueron recuperados hace unas semanas por el propio gobierno de Barbosa), la iglesia Cirineo del siglo XVI y la antigua fuente de los azulejos.
El director Rosewood, Manuel Leal Maldonado, confirmó que el empresario Rafael Moreno Valle Suárez estuvo detrás de la inversión para la remodelación del hotel con permisos del INAH, en una entrevista con La Jornada de Oriente.
Cuando fungió como gerente del Centro Histórico en la administración panista de Luis Banck Serrato, se le acusó de otorgar permisos irregulares a empresarios para alterar la imagen urbana del Centro Histórico de Puebla.
Fue el 5 de marzo del 2018 cuando trascendió su salida de la administración municipal, a petición del alcalde Bank Serrato; desde entonces, no trabajó en la administración pública hasta que Barbosa lo anunció como el responsable de su política cultural en julio de 2020.
Después de que Sergio Vergara se instalara en la Secretaría de Cultura, comenzó a denunciar una serie de anomalías, principalmente en los museos 21 museos administrados por el gobierno estatal. A inicios de 2021, el secretario adelantó que daría informes de una rigurosa investigación en el que daba cuenta sobre el saqueo sistemático al acervo cultural.
La auditoría
En su habitual rueda de prensa Miguel Barbosa en junio de 2021 presentó al secretario de Cultura y la secretaria de la Función Pública, quienes, en ese momento se señalaba, darían en conjunto un reporte de los avances ya casi terminados sobre el inventario y la auditoría que estamos haciendo sobre las piezas de los museos de Puebla.
El gobernador dio los primeros avances de una auditoría especial que realizó la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Cultura y la OPD Museos Puebla sobre el saqueo a los 21 museos del estado, incluida la Biblioteca Palafoxiana.
Dicha auditoría comenzó el 18 de enero de 2021, cuando funcionarios de la OPD Museos Puebla detectaron la sustitución de acervo en el museo José Luis Bello y González. Ante la situación, la actual directora María de los Ángeles Rodríguez Elizalde ordenó una revisión sistemática en conjunto con la Secretaría de la Función Pública.
La Función Pública abrió el expediente AUD-1/2021 para revisar las más de 130 mil obras catalogadas en la dirección de Museos Puebla, en especial el museo José Luis Bello y González donde se identificó el mayor saqueo de piezas.
En la conferencia del gobernador, Amanda Gómez Nava, secretaria de la Función Pública, reportó el saqueo de 5 mil 921 piezas. Detalló que la dirección de museos perdió obras como un lienzo de La Piedad del siglo XVIII, un sello cilíndrico prehispánico e incluso la réplica de una osamenta de un Tiranosaurio Rex de más de 9 metros de altura.
Así fue como ocurrió este saqueo
Nadie sabe con exactitud desde cuándo han estado desaparecidas las piezas, ni el actual gobierno lo sabe; lo cierto son la serie de omisiones e irregularidades incurridas en la preservación y registro del patrimonio histórico.
Para ello, es importante entender sobre la catalogación de acervo histórico, en donde se ha cometido grandes omisiones por parte de la dependencia estatal Museos Puebla.
Juan Bibiano Tonchez, quien trabajó en la Dirección Administrativa del INAH, compartió en entrevista para El Popular, periodismo con causa, que el registro del acervo en México siempre representó un reto, incluso desde antes de que se creara el INAH; en un principio, por la riqueza cultural que tiene México.
Ante la urgencia de tener control sobre el legado cultural del país, el 6 de mayo de 1972 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos de México, cuyo capítulo II instruye sobre la creación de un registro público de monumentos y zonas arqueológicas.
El INAH e instituciones que resguardan monumentos y objetos históricos deben realizar el registro de su acervo en el Sistema Único de Registro Público del INAH, con el objetivo de evitar la extracción de acervo y en caso de que una pieza histórica aparezca en casas de subastas como Europa, el gobierno mexicano pueda reclamar dichas piezas como su propiedad.
De acuerdo con la ley federal, cada museo o particular debe registrar su acervo ante la Dirección del Sistema Único de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológica, en especial si resguarda bienes denominados como arte sacro, pinturas o mobiliario colonial de los siglos XVI al XIX, así como objetos arqueológicos anteriores a 1521.
“Entonces, así es cómo se sabe que tal pieza está custodiada en algún museo, asociación lucrativa o algún custodio particular. Y así es como funciona el registro de la mayoría de los museos comunitarios o museos locales que tienen piezas arqueológicas o históricas”, comentó Bibiano Tonchez.
Una vez que el acervo se encuentra registrado en el Sistema Único, el INAH identifica una pieza con un folio único con datos de su estado físico, lugar de resguardo o incluso si existe algún caso de desaparición de piezas en los museos.
“Cuando haces el registro, esto sirve con el objetivo de evitar el robo o saqueo de museos. Cuando llega a suceder la desaparición de piezas en los museos, ya sea porque alguien la sustituyó, se tiene que presentar una denuncia”, señaló el experto.
Juan Tonchez aseguró que es complicado que se den casos de robo de acervo al interior de los museos, sobre todo por la catalogación de piezas ante el INAH.
“No es tan sencillo desaparecerlas (refiriéndose a las piezas), el INAH elabora un folio único que no se puede borrar de los catálogos, ya que es fácil conocer su temporalidad, procedencia y queda en una base de datos que no se puede borrar”, dijo.
En caso de que se presente la desaparición de acervo, el INAH puede perseguir de oficio una extracción a los museos al considerarse como un delito federal, que se castiga con hasta 12 años de cárcel.
