A. Marroquín / Diario de Chiapas
La determinación de los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH), de revocar el procedimiento especial sancionador por violencia política en razón de género en contra del alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Orsóe Morales Vázquez, solo exhibe y evidencia, el respeto y la protección que el edil goza en ese organismo público.
Además de que falta mucho por hacer en la materia, Adriana Guillén Hernández, regidora con licencia del ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, señaló que pese a que su denuncia en contra del alcalde no perduró, éste estaba debidamente integrado y acreditado por existir violencia política, situación que las magistradas y el magistrado del tribunal no quisieron ver.
“Este viernes votaron por unanimidad las dos magistradas y el magistrado para poder revocar la resolución que había hecho el Consejo General del IEPC, en donde quedaba debidamente acreditada la violencia política de género que Carlos Morales Vázquez, hacía a mi persona”, dijo en entrevista para el programa Denuncia Pública.
Pese a que esperaba más seriedad de los magistrados, Guillén Hernández recordó que no es la primera vez que los servidores públicos defienden a los actores denunciados, tal como pasó con el caso de Pantelhó, Emiliano Zapata y Cintalapa.
“Lo hicieron también con el caso de Pantelhó, parecen más protectores de los derechos de los juzgadores, del actor que, de las propias víctimas, lo hicieron con las mujeres que denunciaron violencia política en Emiliano Zapata… y en Cintalapa”, expuso.
Sin embargo, lamentó que los funcionarios públicos no juzgaran con perspectiva de género, ya que sesgaron evidencias y pruebas claras de cómo Morales Vázquez ejerció violencia política en su contra.
“El tribunal juzgó sin perspectiva de género, tuvo una interpretación muy personal, sobre todo al leer la resolución si exceden en la protección de los derechos del actor; buscan cómo defender a Carlos Morales, aunque sea como ‘cantinfleando’ pero trata de darle la razón, no está tan mal pero así se va la resolución más a menos”, opinó.
Además, destacó que el único mensaje que envían los magistrados, es que cualquier funcionario público puede ejercer violencia política en razón de género sin que sea juzgado por ello, tal como lo dejó de manifiesto la presidenta magistrada, Celia Sofía de Jesús Ruíz Olvera, al romper su compromiso con las mujeres.
“Lo que más me duele como mujer es que no haya compromiso por esta lucha… la presidenta del tribunal electoral tenía un doble compromiso; la magistrada Sofía Ruiz, además de presidir el tribunal, también preside el Observatorio para el Empoderamiento de las Mujeres en Chiapas”, refirió.
