Canaco y Coparmex se pronuncian por los desmanes que causan los bloqueos y acciones de la CNTE
Ainer González / Diario de Chiapas
La capital chiapaneca sigue tomada.
Comerciantes establecidos en el primer cuadro de Tuxtla Gutiérrez solicitaron la intervención de las autoridades para garantizar el estado de derecho, luego de que integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) instalaran un plantón desde el pasado 1 de junio en el centro de la ciudad.
De acuerdo con locatarios de la zona, el cierre de vialidades repercute en sus actividades comerciales al dificultar el acceso de clientes y proveedores, situación que, señalaron, se refleja en una disminución de ventas.
En este contexto, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (Canaco Servytur), Miguel Ángel Blas Gutiérrez, resaltó la importancia de mantener abiertos los canales de diálogo entre autoridades y sectores involucrados. Asimismo, expresó su confianza en que la construcción de acuerdos contribuya a conservar la estabilidad social y económica en la entidad.
Por su parte, ciudadanos que transitaban por el área donde permanece el campamento magisterial señalaron contratiempos en sus desplazamientos diarios. Indicaron que las restricciones a la circulación los obligaron a buscar rutas alternas y prolongaron sus tiempos de traslado.
Las afectaciones, afirmaron, no se limitan al primer cuadro de la ciudad, ya que diversas calles aledañas registran congestionamientos vehiculares derivados de la reducción de espacios para la circulación.
“Nos afecta, como sociedad y todos que, es mi opinión como público en general, yo como automovilista me está afectando en este momento”.
“Afecta mucho a la ciudadanía y a los trabajadores, dicen que es pacífica pero no se ponen a pensar en uno, tanto en el transporte como en los que van a su trabajo, pierde uno tiempo y da más vueltas”, expresaron ciudadanos que transitaban en la zona.
A las inconformidades se sumaron comerciantes y repartidores, quienes reportaron pérdidas económicas a consecuencia de las demoras ocasionadas por el tráfico. Algunos señalaron que la prolongada permanencia de productos perecederos en las unidades de reparto comprometió su calidad.
“Sí nos afecta por el producto de la carne, y la verdad sí nos está partiendo, en otras ocasiones, cuando nos agarran desprevenidos, se me ha echado a perder cuando se ponen así de pesado el tráfico”, denunció un repartidor de comida.
Cabe recordar que el pasado 1 de junio inició el paro de labores convocado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Ese mismo día, las y los docentes realizaron una marcha multitudinaria y posteriormente establecieron un plantón indefinido en la plaza central de Tuxtla Gutiérrez.
Ante bloqueos y liberación de gasolineras; Aplicar la ley, pide Coparmex
MdeR / Diario de Chiapas
La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en Chiapas hizo un llamado a las autoridades municipales y estatales para que actúen de manera inmediata ante la toma, bloqueo u ocupación de estaciones de servicio e instalaciones relacionadas con el expendio de combustibles, con el propósito de restablecer el orden público y garantizar el Estado de Derecho.
A través de un pronunciamiento, el organismo empresarial reconoció que el derecho a la manifestación debe ser respetado y atendido mediante el diálogo; sin embargo, subrayó que cuando las acciones afectan derechos de terceros y vulneran la legalidad, corresponde a las autoridades aplicar el marco jurídico vigente.
COPARMEX Chiapas advirtió que los bloqueos a instalaciones estratégicas para el suministro de combustibles generan afectaciones directas al abasto, al libre tránsito, a la operación de las empresas y al desarrollo económico de la región, por lo que consideró indispensable una intervención institucional.
Entre las solicitudes planteadas a las autoridades destacan la liberación inmediata de estaciones de servicio, instalaciones y accesos bloqueados mediante acciones legales y proporcionales; la garantía de seguridad para trabajadores, proveedores, usuarios y ciudadanía; la preservación del libre tránsito y del suministro de combustibles; así como la investigación de los hechos para determinar posibles responsabilidades administrativas, civiles o penales.
El organismo empresarial enfatizó que ninguna demanda social debe traducirse en la ocupación de instalaciones estratégicas, la interrupción de servicios esenciales o la paralización de actividades económicas lícitas, ya que ello afecta a la población y a diversos sectores productivos.
Finalmente, el Consejo Directivo reiteró su disposición al diálogo institucional y a la construcción de soluciones dentro del marco legal, al tiempo que sostuvo que el orden, la seguridad y la certeza jurídica son condiciones indispensables para la inversión, la generación de empleo y el desarrollo económico sostenido de la entidad.
