La Silla Rota
Un par de testigos a modo, incluso uno ya muerto; una orden de aprehensión con el nombre erróneo y, para rematar, un juez de Control que rechaza todas las pruebas, son algunas de las argucias utilizadas para mandar a prisión a un campesino del municipio de Bochil, Chiapas, tras ser acusado de robo con violencia.
Darío Díaz López viajaba en un transporte público el pasado 3 de marzo, pues salió de su comunidad, La Yerbabuena, hacia la cabecera de Bochil, cuando fue interceptado por elementos vestidos de civiles, según de la Fiscalía General del Estado (FGE).
En esa acción, a él lo bajan con lujo de violencia y, cuando lo llevaban hacia San Cristóbal de Las Casas, le advierten que lo pondrían a disposición de un juez de Control por el delito de robo ejecutado con violencia ocurrido el 9 de agosto, entre las 21:00 y 21:30 horas en el tramo carretero Soyaló-Bochil.
Según la historia del caso, dos personas, ambas originarias de Tuxtla Gutiérrez, llevaban 140 mil pesos porque comprarían un automóvil en esta última localidad de la región Norte de Chiapas, cuando fueron interceptadas, supuestamente, por Darío y otra persona. Esta última versión es parte de la declaración que aparece en la carpeta de investigación (CI) número 0Q41-013-0304-2022 en donde La Silla Rota tuvo acceso.
Pero, con base en testigos, él en ese momento estaba en una reunión con autoridades de su localidad; inclusive, ese encuentro se sostuvo desde las 19:00 horas hasta la medianoche del día del supuesto asalto a mano armada, porque se trataban temas “delicados”.
LAS PRIMERAS
ANOMALÍAS
El primer error empezó por parte de un policía que, en la puesta a disposición, se estableció que la orden se había girado en contra de Darío López Díaz y/o Darío Díaz López, es decir aparecieron dos nombres.
De hecho, durante la primera audiencia, celebrada el pasado 8 de marzo en el Juzgado de Control en San Cristóbal de Las Casas, el juez pidió al ministerio público que aclarara cuál sería el nombre real para poner a disposición, si el primero o el segundo.
Además, lamenta que, a pesar de haber llevado suficientes datos de prueba a esa audiencia, el juez de Control, Carlos Lamberto Márquez Espinosa, negara aceptarlos tras argumentar que no eran idóneos o pertinentes.
Es decir, se le presentó acta de nacimiento, certificado parcelario, constancias de vecindad y de residencia, donde se comprueba la verdadera identidad de quien se dedica a las actividades del campo, pero que desde hace más de un mes permanece encerrado en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 5, con sede en San Cristóbal de Las Casas.
En esa misma audiencia, uno de los abogados del imputado le advirtió al juez que la orden de aprehensión que él mismo firmó dice Darí o López Díaz, un grave error, que esa autoridad tampoco aceptó. Las pruebas son fehacientes: el médico legista que lo atendió puso en el certificado el nombre real, Darío Díaz López.
HABRÍA CONSIGNA DESDE EL PALACIO MUNICIPAL
De acuerdo con la investigación realizada por La Silla Rota, habría dos personas cercanas al presidente municipal de Bochil, el priísta Sergio Meneses, alias “El Checo”, las que planearían meter a la cárcel a Darío.
Según familiares del imputado, el tema central nació en agosto pasado de una queja interpuesta ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH); pero lo más raro, advierten, es que Darío nunca estuvo en ese movimiento, ni firmó, ni avaló nada.
Lo más paradójico, es que este hecho coincide con el supuesto asalto en el que Darío participaría.
Según Enrique, su padre fue víctima de celos infundados “u odio político” por parte de Pedro Díaz, uno de los personajes cercanos al alcalde, y quien incluso obtiene un sueldo sin trabajar.
