Edgar Ruiz / La Concordia
La presunta participación de tres elementos de la Policía Municipal de La Concordia en el robo de pertenencias de un profesor ha generado una ola de indignación entre la población, luego de que un video de videovigilancia exhibiera el momento en que los uniformados aparentemente sustraen diversos objetos del interior de un vehículo.
Las imágenes muestran a dos mujeres y un hombre, identificados como Brenda, Fernanda y Julio César, mientras presuntamente abren la cajuela de un automóvil propiedad del profesor Antonio Aguilar y extraen herramientas y otros artículos. En la grabación también se aprecia cómo utilizan lámparas para inspeccionar el interior de la unidad en busca de más objetos de valor.
Tras la difusión del video, la Dirección de Seguridad Pública Municipal de La Concordia emitió un comunicado en el que confirmó que, derivado de las investigaciones internas, los tres elementos fueron identificados como presuntos responsables de la sustracción de las pertenencias, por lo que se determinó su baja inmediata y definitiva de la corporación.
La dependencia informó además que los objetos fueron recuperados en su totalidad y entregados al profesor afectado, al tiempo que aseguró haber iniciado los procedimientos legales correspondientes. En el documento, firmado por el director Luis Antonio Nájera Urbieta, la corporación reiteró su política de “cero impunidad” y sostuvo que no tolerará actos de corrupción, abuso de autoridad o conductas delictivas entre sus integrantes.
Sin embargo, pese al posicionamiento oficial, el caso continúa generando reacciones entre la ciudadanía, ya que hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre la puesta a disposición de los tres exelementos ante el Ministerio Público, situación que ha sido ampliamente cuestionada por habitantes del municipio.
A través de redes sociales, ciudadanos han expresado que la destitución de los implicados representa únicamente una sanción administrativa y consideran que, si existen elementos que acrediten la comisión de un delito, corresponde a las autoridades ministeriales actuar conforme a derecho.
El caso ha colocado nuevamente bajo el escrutinio público el actuar de las corporaciones de seguridad en La Concordia y ha reavivado el llamado de diversos sectores para que las investigaciones avancen con transparencia y, en su caso, se finquen las responsabilidades penales que correspondan.
