Denuncian hostigamiento

Janet Hernández / Diario de Chiapas
El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) denunció que siguen siendo amenazados, hostigados y perseguidos recientemente en el municipio de Chiapa de Corzo, por lo que exigieron un alto a las violaciones de derechos humanos a los luchadores sociales en Chiapas.
A través de un escrito, señalaron que a la altura de la entrada del poblado “Las Palomas”, municipio de Chiapa de Corzo, la policía ministerial se ha estacionado hasta por más de media hora, algunas veces retornan de forma inmediata y en otras ocasiones se estacionan sobre esta entrada, esto durante el mes de julio.
Así también, denunciaron que el 16 de julio a eso de las 7:30 de la mañana, en el municipio de Ocosingo, agentes de la Policía Estatal, de forma sorpresiva salieron de su base ubicada sobre la carretera que comunica Ocosingo-Altamirano para hacerle la parada a un vehículo del transporte público, “Los Quetzales” afiliado al FNLS, donde le preguntaron sin una aparente razón: “¿hay bloqueo en Las Perlas?”, sin más, lo dejaron pasar.
“El 23 de julio, en un retén policíaco sobre la carretera de Ocosingo rumbo a Altamirano, agentes de la Fiscalía algunos con armas largas y otras cortas, le hicieron la parada a otro transportista con el pasaje abordo, le interrogaron, de quién era la unidad, que enseñara los papeles que acreditaban su propiedad, su identificación, este mismo procedimiento realizaron con el pasaje, pero con mayor insistencia a nuestro compañero a quién le pedían que bajara de la unidad para platicar, pero él no accedió ante la sinrazón de los agentes de la Fiscalía”, aseveró.
El FNLS aseguró que estos hechos no son aislados, son actos de hostigamiento e intimidación planificada desde el mando policíaco militar que tienen el objetivo de mermar la protesta popular y la denuncia política por los crímenes de lesa humanidad y de Estado.
Por ello, responsabilizaron directamente a los gobiernos de la integridad física y psicológica de quienes integran el FNLS e hicieron un llamado a los organismos defensores de los derechos humanos a que hagan un llamado al gobierno a garantizar el derecho a la protesta, un alto a la criminalización y judicialización de la protesta popular y alto a la estigmatización de quienes ejercen su derecho a la organización popular.