Janeth Hernández/ Chalchihuitán
Ante el incremento del alcoholismo, el consumo de drogas y sus graves consecuencias sociales, la comunidad parroquial de San Pablo lanzó un llamado urgente a los tres niveles de gobierno para atender esta problemática que aseguran ha deteriorado el tejido familiar, incrementado la violencia y puesto en riesgo la vida de cientos de personas en el municipio.
A través de un comunicado, la parroquia expresó su profunda preocupación por el impacto que estas adicciones han tenido en los hogares durante los últimos años, señalando que la situación ha derivado en hambre, enfermedad, abandono infantil y un aumento en los suicidios y conflictos comunitarios.
Advirtió que el problema también ha generado condiciones de vulnerabilidad para mujeres, niñas y niños, quienes enfrentan desintegración familiar, pobreza y falta de acceso a la justicia. Asimismo, denunció prácticas como la participación de menores en la compra de alcohol, la deserción escolar y la migración forzada.
En este contexto, la comunidad religiosa criticó la falta de atención a estas problemáticas estructurales, pese al discurso oficial de reconocimiento a los pueblos originarios. Subrayaron que no es congruente exaltar la riqueza cultural sin atender fenómenos como la proliferación de cantinas, la venta clandestina de alcohol y el consumo de drogas desde edades tempranas.
Como parte de sus demandas, la parroquia exigió la creación de espacios recreativos seguros, generación de empleos dignos, cierre de puntos de venta de alcohol clandestinos, implementación de medidas como la ley seca, así como la construcción de un centro de rehabilitación y el acceso a la justicia para víctimas de hechos violentos relacionados con estas problemáticas.
Además, reiteraron su compromiso de impulsar acciones comunitarias como programas de rehabilitación, capacitación en derechos humanos, acompañamiento a jóvenes, proyectos de nutrición, agroecología y actividades formativas desde la fe.
Finalmente, hicieron un llamado a la unidad, la paz y la corresponsabilidad social, solidarizándose con comunidades vecinas como Nicolás Ruiz y Venustiano Carranza y exhortaron al Estado a garantizar condiciones de vida digna y seguridad para los pueblos de la región.
