Marco Alvarado/ Diario de Chiapas
Las dinámicas actuales de control social y territorial están generando impactos profundos en la vida de las personas y comunidades afectadas.
De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) hace falta “dimensionar” los efectos de la violencia, una situación que, desde junio de 2021, se ha profundizado en el marco de la disputa criminal por el dominio del territorio.
“En consecuencia la población chiapaneca y en movilidad vive graves impactos, con énfasis en las regiones Frontera y Sierra, con una tendencia de expansión hacia otras regiones del estado”, alertó esta organización.
No obstante, señalaron que el Estado mexicano parece no querer intervenir para dar solución y proteger a las comunidades, y como consecuencia los pobladores son objeto de violaciones graves a derechos humanos.
A tal grado se descompuso el tejido social en muchas regiones, señala el Frayba, que comerciantes, transportistas y otros gremios son obligados a alinearse a “organizaciones” que se configuran como su brazo civil, así como a pagar “derecho de piso”. La resistencia a este dominio es castigada con asesinatos, desaparición o castigos físicos públicos.
“Hay situaciones críticas en que la estrategia de guerra aísla a comunidades al cortarles el suministro de agua potable y la energía eléctrica; alimentos escasean; escuelas, hospitales y otros servicios públicos no pueden operar de manera permanente porque no existen condiciones de seguridad para el personal; pobladores suelen quedar en medio de confrontaciones armadas, lo que causa terror y riesgo de muertes por fuego cruzado y desplazamientos masivos”.
Falta dimensionar efectos de la violencia actual: Frayba
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