Familia tzotzil pide reparación al Estado

Janet Hernández Cruz / San Cristóbal de Las Casas
A cinco años de la muerte de Adolfo Gómez, dentro del CERRS No. 5 de San Cristóbal, su familia exige justicia y el cumplimiento de la Recomendación 5/2025 de la CEDH, que responsabiliza a la Fiscalía y a la Secretaría de Seguridad del Pueblo por violaciones a derechos humanos y tortura.
Adolfo Gómez, falleció el 27 de julio de 2020 bajo custodia estatal, tras haber sido acusado de trata de personas en un proceso con irregularidades y criminalización. Su hija, Enereida Gómez, recordó entre lágrimas: “Él ya no está vivo, pero yo sigo pidiendo justicia por su muerte”.
El caso inició con su detención el 15 de julio de 2020, cuando la Fiscalía lo vinculó con el robo del menor Dylan Esaú Gómez Pérez y con 23 niños supuestamente explotados laboralmente. Sin embargo, defensores señalan que se trataba de familias indígenas trabajadoras y no de trata de personas.
Desde entonces, la familia Gómez ha sufrido estigma y discriminación social, al ser señalados como “robaniños” o “tratantes”. Por ello la familia exigió al gobierno una disculpa pública, verdad y reparación integral del daño.