Golpe duro al ecocidio en Altamirano

Soydi Rodríguez / Altamirano
En un hecho sin precedentes, autoridades de los tres niveles de gobierno llevaron a cabo un fuerte operativo este viernes en la cabecera municipal de Altamirano, logrando el cierre de 13 aserraderos que operaban de forma ilegal.
Desde 1990, el municipio ha sido testigo de una creciente explotación forestal, con cientos de toneladas de árboles talados cada año. La proliferación de aserraderos, en especial los clandestinos, se intensificó a partir de 2005, cuando gobiernos de aquella época otorgaron supuestos “permisos” de operación sin regulación ambiental.
El operativo fue encabezado por la Secretaría de Seguridad del Pueblo, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional. Óscar Aparicio Avendaño, titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, informó que los aserraderos clausurados no contaban con permisos y han causado un grave daño al medio ambiente.
Se estima que en el municipio existen más de 40 aserraderos clandestinos. En un esfuerzo conjunto entre el Gobierno Federal, el Estado y el Ayuntamiento, se están intensificando las acciones para frenar esta práctica ilegal. Las autoridades coadyuvan firmemente para detener el ecocidio y avanzar hacia una nueva etapa de reforestación, recuperación ambiental y justicia ecológica para Altamirano.
Este decomiso, considerado el más grande en la entidad, evidencia el compromiso firme de combatir frontalmente los delitos ambientales que amenazan los recursos naturales del estado y el bienestar de sus comunidades.
El operativo incluyó un sobrevuelo de reconocimiento y vigilancia, así como patrullajes terrestres en zonas prioritarias, con el objetivo de detectar y disuadir prácticas que atenten contra los recursos naturales de la región. Estas acciones buscan reforzar la presencia institucional en áreas vulnerables y establecer un vínculo cercano con las comunidades, fomentando la cultura de la denuncia.
Aparicio Avendaño hizo un llamado a la ciudadanía para reportar cualquier hecho que represente un riesgo ecológico o de seguridad integral. Asegurando que se seguirá trabajando en estrecha coordinación con los tres niveles de gobierno. “No vamos a permitir ningún tipo de delito ambiental”, concluyó.