El magistrado presidente informó que la Sala Superior resolvió 15 mil 711 medios de impugnación relacionados con grupos vulnerables
Ainer González /Diario de Chiapas
En el último día de actividades de la Convención Internacional UNACH (CIU), el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Gilberto Bátiz García, clausuró este evento al presentar la conferencia magistral “Retos del TEPJF, certeza electoral en tiempos complejos. Siete retos para una justicia electoral cercana, firme y preparada”.
De entrada, explicó que la elección de 2027 no debe entenderse como un proceso aislado, sino como parte de un ciclo político de mayor alcance, que tendrá continuidad con la elección de tres juzgadoras prevista constitucionalmente para 2024.
En ese sentido, el magistrado presidente subrayó que este ciclo, de más de dos años, obliga a las autoridades electorales a pensar en la justicia con una perspectiva que rebase la coyuntura inmediata.
A esto, añadió que dicha visión debe permitir sostener la certeza electoral hacia 2027, al tiempo que se fijan los criterios frente a los desafíos del nuevo modelo de justicia electoral.
“Una justicia que sea capaz de sostener la certeza en el año 2027, pero que también, al mismo tiempo, nos permita tener la oportunidad de fijar los criterios ante los desafíos del nuevo modelo de justicia electoral que tenemos por venir, justamente de cara a la próxima elección”, explicó.
Sobre este segundo reto, Bátiz García precisó que uno de los principales retos del TEPJF es consolidar una justicia cercana a la ciudadanía, concepto que, aclaró, no implica que las resoluciones jurisdiccionales respondan a presiones sociales o coyunturas políticas.
“Justicia cercana significa tener una justicia restaurativa. No significa que la justicia tenga que relajar la técnica jurídica, no significa que las autoridades jurisdiccionales tengan que tomar decisiones por simpatía, por presión social o por una simple coyuntura política dada al momento de emitir nuestra resolución”, puntualizó.
Al respecto, explicó que este tipo de justicia implica comprender mejor los conflictos para aplicar la ley de forma más adecuada, con la ciudadanía en el centro de la función jurisdiccional.
“Justicia cercana significa que podamos comprender mejor los conflictos para poder aplicar mejor la ley, y sobre todo, poder tener a la ciudadanía siempre en el centro de esta función, para ofrecerle mejores soluciones, soluciones que sean de carácter duradero”, dijo.
De ahí, agregó que una justicia cercana permite reducir distancias territoriales, culturales, lingüísticas, técnicas y simbólicas entre las instituciones y la población.
15 mil 711 casos vinculados a grupos vulnerables
En ese marco, el magistrado presidente detalló que, desde hace más de 30 años, el TEPJF ha desarrollado criterios orientados a proteger los derechos político-electorales desde una perspectiva de derechos humanos, interculturalidad, igualdad sustantiva y pluralismo jurídico.
Bajo esta línea, informó que entre agosto de 2025 y agosto de 2026, la Sala Superior resolvió un total de 15 mil 711 medios de impugnación relacionados con grupos vulnerables, entre ellos asuntos vinculados con pueblos y comunidades indígenas, paridad de género, violencia política en razón de género, diversidad sexual, discapacidad, personas adultas mayores, personas afromexicanas y afrodescendientes.
“¿Por qué les comparto las cifras duras de estos datos? Porque nos permite comprender algo y ponerlo en relevancia. Desde hace mucho, desde hace 30 años prácticamente a nivel federal, la justicia electoral ya no puede verse solamente como un árbitro entre los partidos políticos y los actores políticos”, subrayó.
En consecuencia, Bátiz García sostuvo que la justicia electoral debe entenderse como un mecanismo de protección de los derechos político-electorales, a los que definió como derechos llave que permiten el acceso a otros derechos.
“La justicia electoral, ténganlo todos con esta claridad, es una instancia de protección de derechos, del ejercicio de los derechos político-electorales, entendidos estos como derechos llave que abrirán la posibilidad al ejercicio de otros derechos”, afirmó.
De cara a 2027, advirtió que uno de los grandes desafíos será garantizar que la participación política sea real para toda la población, y no solo formal para quienes ya cuentan con las condiciones para ejercer estos derechos.
“Rumbo al año 2027, este será uno de los grandes desafíos: que la participación política pueda ser real para todas las personas, no solo formal para quienes ya tienen hoy una condición, una capacidad de ejercer estos derechos”, dijo.
Sin embargo, aclaró que garantizar derechos político-electorales no basta por sí solo, pues una democracia plena exige, además, otros elementos: participación efectiva, representación plural, acceso a información confiable, competencia equitativa, respeto a las minorías, protección de derechos y capacidad institucional para resolver conflictos.
“Exige participación efectiva, representación de carácter plural, acceso a información confiable, competencia equitativa, respeto a las minorías, protección de derechos, y sobre todo, una capacidad institucional para la resolución de los conflictos”, enumeró.
Finalmente, reconoció que estos elementos conviven actualmente con tensiones importantes que enfrenta el país, como la desigualdad, la pobreza, la discriminación, la violencia general y política, la crisis de representación, la polarización, la desinformación, y la pérdida de confianza en las instituciones.
