La reforma debe incorporar un enfoque de derechos humanos, interculturalidad y justicia social
Janet Hernández Cruz / San Cristóbal de Las Casas
Organizaciones integradas en la Alianza Aguas Comunes solicitaron al Congreso del Estado que la nueva Ley de Aguas de Chiapas reconozca legalmente la gestión comunitaria del agua, al considerar que son las propias comunidades quienes, desde hace décadas, han garantizado el acceso al recurso ante la falta de atención institucional.
Durante el proceso de construcción de la nueva legislación, la organización señaló que la reforma debe incorporar un enfoque de derechos humanos, interculturalidad y justicia social, tomando en cuenta la experiencia de comités, patronatos y asambleas comunitarias que administran los sistemas de agua, principalmente en comunidades rurales e indígenas.
La Alianza advirtió que los retos en Chiapas no se limitan al acceso al agua, sino que también abarcan la calidad del servicio, el mantenimiento de la infraestructura y la protección de manantiales, responsabilidades que han sido asumidas por las propias comunidades debido a las deficiencias de los servicios públicos.
Entre las principales propuestas presentadas destaca el reconocimiento legal de la autogestión comunitaria, la creación de mecanismos permanentes de coordinación entre autoridades y comunidades, así como la asignación de asistencia técnica y recursos para fortalecer la operación de los sistemas, el saneamiento y la conservación de las fuentes de abastecimiento.
Asimismo, planteó la creación de un registro gratuito, sencillo y declarativo de los sistemas comunitarios de agua, con el propósito de brindar reconocimiento institucional sin imponer trámites que limiten la organización local.
La organización también convocó a instituciones académicas, organizaciones civiles y comités comunitarios a participar en el proceso legislativo, aportando experiencias y propuestas que permitan construir una ley acorde con las necesidades de las comunidades indígenas y rurales del estado.
La Alianza Aguas Comunes, conformada por 12 organizaciones de la sociedad civil, informó que su trabajo ha contribuido a mejorar el acceso al agua potable y al saneamiento para más de 120 mil personas en 321 comunidades de siete estados del sureste mexicano.
Finalmente, sostuvo que el reconocimiento de la gestión comunitaria no exime al Estado de su responsabilidad de garantizar el derecho humano al agua, sino que fortalece un modelo de corresponsabilidad para lograr una gestión más equitativa y sostenible del recurso.
