Piden un modelo de seguridad distinto que impulse soluciones al ambiente de violencia que impera en Chiapas y en el país
Janet Hernández Cruz/ San Cristóbal
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) expresó su preocupación ante la aprobación de las reformas constituciones en materia de seguridad que vulneran los procesos de construcción de paz de los pueblos, comunidades y colectivos.
A través de un comunicado dio a conocer que en Chiapas se tiene planeado concluir la construcción de 24 cuarteles de la Guardia Nacional (GN) de los 500 proyectados a nivel nacional, los cuales contarán con 3, 522 efectivos, de 223 mil elementos que forman esa institución, distribuidos en 266 coordinaciones regionales a nivel nacional.
Indicó que los cuarteles se han instalado en territorios de pueblos originarios que se oponen al despojo de sus espacios de vida a través de los megaproyectos del Gobierno Federal, como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, la Refinería Dos Bocas o la infraestructura carretera que los conectan.
En este contexto, mencionó que las fuerzas armadas en el estado Chiapas han servido como elementos coercitivos que busca desmovilizar a los pueblos y comunidades que defienden su tierra y territorio.
Aseguró que, en medio de la remilitarización actual de Chiapas, se ha intensificado el tráfico y consumo de drogas, persisten las desapariciones y los homicidios, lo que da evidencia que como en los noventas la estrategia es fallida.
“Dentro de los impactos de la violencia están: comunidades agredidas y obligadas a desplazarse, en otras se han impuesto toques de queda por grupos criminales y zonas de silenciamiento, estamos ante un Estado omiso y ante el fracaso de la estrategia militar”.
Destacó que el Gobierno Federal, ignora lo señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quienes han expresado su preocupación por el rol de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública, han exhortado al Estado mexicano cambiar el enfoque militarizado de la seguridad.
Aseveró que el titular del ejecutivo, con la aprobación del Congreso de la Unión, otorgaron el control a la Secretaría de la Defensa Nacional de la operación y administración de la Guardia Nacional, y que con esta iniciativa el gobierno profundiza la militarización del país, poniendo en riesgo e inseguridad a quienes se organizan para la defensa de sus derechos y del territorio.
“Hacemos un llamado para caminar en la construcción de un modelo de seguridad distinto que impulse soluciones al ambiente de violencia que impera en Chiapas y en nuestro país”, acotó.
