En Chiapas, ex titular de Migración, Carlos Santiago, heredó irregularidades y males que transgreden a extranjeros, acusan.
José Cancino / Tapachula
Activistas han denunciado una serie de irregularidades en la delegación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Chiapas debido a lo que señalan como una mala administración durante el breve mandato de Carlos Alberto Santiago, plagado de actos corruptos.
Por temor a represalias, han acusado que el actual delegado, el vicealmirante Roberto, está siendo manipulado desde el interior de esa oficina estatal por ciertos funcionarios de alto perfil pertenecientes al instituto de migración.
“Estos acontecimientos son el resultado del legado dejado por el anterior titular de Migración, quien en enero de 2023 abandonó su puesto en la delegación de Tabasco para asumir el mismo cargo en Chiapas. Sin embargo, tan solo tres meses después, debido a numerosas denuncias de presunta corrupción, fue reubicado nuevamente en Tabasco, donde continúa con sus prácticas cuestionables”, afirmó uno de los abogados y activistas de migrantes en Tapachula.
Este informante indicó que estos cambios facilitaron que Carlos Alberto estableciera conexiones con funcionarios federales, estatales y municipales de Chiapas y Tabasco, estableciendo así una red de tráfico de indocumentados.
Recientemente, durante este fin de semana, se detuvieron a 95 migrantes en el aeropuerto de Monterrey. Estos migrantes habían llegado en dos vuelos comerciales, uno procedente de Villahermosa, Tabasco, y otro desde Cancún, Quintana Roo, logrando evadir todos los controles sin ser detenidos.
“Quizás uno o dos individuos podrían pasar desapercibidos, pero 95 no lo parece plausible. Esto evidencia la corrupción que impera en los aeropuertos”, afirmó la fuente.
La fuente añadió que Chiapas sufre las consecuencias de la problemática herencia de Carlos Alberto, ya que incluso se ha permitido un acceso VIP para cientos de migrantes que desembolsan entre 1,500 y 2,500 dólares con el fin de llegar a la frontera norte de México.
Las autoridades federales tienen en su posesión múltiples denuncias, las cuales están siendo minuciosamente investigadas. Llama la atención que estas denuncias, curiosamente, todas estén relacionadas con Chiapas y Tabasco.
La colaboración entre funcionarios de los tres niveles de gobierno ha propiciado el paso de personas indocumentadas en aviones y autobuses, que mayormente parten de Chiapas y Tabasco.
En el caso de Chiapas, se ha denunciado a una funcionaria de migración llamada Farah, a quien se le acusa de tráfico de influencias y de tomar decisiones dentro de la delegación.
“Utiliza al delegado como títere y es ella quien decide quién ocupará el cargo”, señaló el denunciante.
