En tan sólo ocho días del mes de marzo, ya se registraron 78 reportes.
Ainer González / Diario de Chiapas
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) dio a conocer que en lo que va de 2022, habitantes del municipio de Aldama han alertado a la organización de 424 ataques armados provenientes de Santa Martha, Chenalhó, que han generado terror entre la población tsotsil de 12 comunidades.
En los primeros ocho días del mes de marzo, el Frayba manifestó que ha recibido 78 reportes de ataques armados en contra de comunidades del municipio de Aldama. En febrero, recordó que fueron 346 registros de agresión armada. “Existe un aumento de la violencia mientras el gobierno sigue simulando la situación desbordada”.
El centro de derechos humanos manifestó que el 3 de marzo, el gobierno estatal y federal llevaron a cabo la ceremonia de entrega del predio Cerro Bola ubicado en el municipio de Ixtapa a los 115 comuneros de Aldama, en ese mismo día, la organización afirmó que la comunidad de San Pedro Kotsilnam fue atacada a las 11:15 horas, localidad que estuvo bajo fuego proveniente del punto El Ranchito en Fracción Ak’tik 2 dentro de las 60 hectáreas en disputa.
De tal manera, el Frayba reprochó que la entrega del predio no ha resuelto las agresiones que vive la población, ya que “ese mismo día las agresiones continuaron, la violencia se extendió desde la madruga del viernes hasta las 21:00 horas, registrándose 27 ataques armados, mientras que entre el viernes 4 y domingo 6 de marzo se recibieron 13 reportes. Al cierre de este boletín se contabilizaron 5 reportes más”.
De acuerdo a los reportes, expuso que los ataques armados son permanentes contra 12 comunidades tsotsiles del municipio de Aldama, donde los agresores no han sido detenidos a pesar de las acciones asumidas por el gobierno estatal y federal.
“La población continúa violentada. Aunque el conflicto que existe entre pobladores del municipio de Aldama y la comunidad de Santa Martha municipio de Chenalhó tiene que ver con el inadecuado deslinde territorial que hiciera la Secretaría de la Reforma Agraria en la década de 1970, el Estado no ha buscado resolver el conflicto de fondo y solo ha logrado administrarlo”, puntualizó el CDH.
Recordó que los compromisos internacionales que tiene México en materia de Derechos Humanos para asegurar una vida libre de violencia en la sociedad y en especial en el territorio de los Pueblos Originarios son tareas incumplidas. “El conflicto no es una situación aislada, es resultado de la ausencia de acciones efectivas por parte del Estado mexicano que además de administrarlo, permite y fomenta diversas violaciones a derechos humanos mediante la colaboración, aquiescencia y tolerancia, manifestadas en varias acciones y omisiones tanto de funcionarios como de grupos armados en la región”.
En medio de este contexto, resaltó que diversos actores nacionales e internacionales han emitido su preocupación al Estado mexicano, sin embargo, las violaciones a derechos humanos no paran, recordando que el 20 de febrero de este año fue herido con arma de fuego el anciano Tomás Lunes Ruiz de la comunidad Chivit, “a pesar de estos hechos el Estado mexicano continúa siendo omiso, perdido en el espacio burocrático y de espectador de la violencia mientras las situaciones en los territorios se tornan cruentas. En diversos municipios de Chiapas existen expresiones de violencia que aterrorizan a la población, creando zonas de silencio como medida para salvaguardar sus vidas”.
Por lo anterior, el Frayba llamó al Estado mexicano a que proceda con acciones efectivas de seguridad y de atención para detener y erradicar la violencia que actualmente viven los Pueblos Originarios del estado de Chiapas, particularmente los del municipio de Aldama y Chenalhó, para que se cumplan con las recomendaciones de las Resolución No. 35/21, MC 284-18, Medidas Cautelares de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
