La Jornada
Con el fin de que se cree el Registro Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas para fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes, el poder Judicial de Chiapas, presentó ante el Congreso local, una iniciativa de reforma integral en la materia.
De aprobarse la propuesta enviada por el presidente del poder judicial estatal, Juan Carlos Moreno Guillén, en el padrón serán inscritas las personas que incumplan con el pago de pensiones alimenticias durante 60 días o más, ya sea de manera continua o intermitente, lo que permitirá expedir constancias de inscripción y de no inscripción, un requisito para realizar diversos trámites y acceder a determinados cargos públicos.
La constancia sería también un requisito para la obtención de licencias y permisos, el registro como candidato a un cargo de elección popular, para nombramientos en el servicio público, la participación como aspirante a persona juzgadora y la realización de determinados actos notariales.
La iniciativa plantea reformas al Código Civil, al Código de Organización del Poder Judicial y a la Ley de Derechos del Estado, con el propósito de establecer mecanismos que incentiven el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y modernicen el funcionamiento de la institución.
En planteamiento contempla que la inscripción en el padrón podrá cancelarse una vez que el deudor acredite el pago total del pasivo alimentario o garantice legalmente su cumplimiento, además de prever mecanismos de coordinación e intercambio de información con autoridades estatales y nacionales.
Entre las principales modificaciones que propone la iniciativa enviada por Moreno Guillén destaca la creación de la Unidad de Simplificación Administrativa y de la Dirección de Transparencia y Protección de Datos Personales, además de la incorporación de nuevas facultades para expedir las constancias de no inscripción en el Registro Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas.
De igual forma, plantea una reorganización de las atribuciones del Consejo de la Judicatura, la Oficialía Mayor y diversas áreas administrativas, con el objetivo de hacer más eficiente la gestión institucional.
El presidente del poder judicial asentó en la exposición de motivos, que el incumplimiento de las obligaciones alimentarias constituye una forma de violencia económica que vulnera los derechos de niñas, niños y adolescentes, por lo que resulta necesario fortalecer los mecanismos legales para garantizar el interés superior de la niñez.
De aprobarse, la iniciativa armonizaría la legislación estatal con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, las reformas constitucionales conocidas como la Ley 3 de 3 contra la violencia, así como con criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la constitucionalidad de los registros de deudores alimentarios.
