En Chiapas, más de la mitad de los gobiernos municipales operan en la opacidad; de 124, apenas 30 lograron la aprobación de su Plan Municipal de Desarrollo sin observaciones. El resto presenta una serie de errores que, de no corregirse de inmediato, podrían dejar a los municipios sin asignación plena de recursos para 2026
José Salazar, Ainer González
Fotos: Erick Bustillos / Diseño: Luis Méndez / Diario de Chiapas
En Chiapas, más de la mitad de los gobiernos municipales operan en la opacidad y sin planeación. De los 124 ayuntamientos de la entidad, apenas 30 lograron la aprobación de su Plan Municipal de Desarrollo sin observaciones. El resto, —92 administraciones— presenta una serie de errores que, de no corregirse de inmediato, podrían dejar a los municipios sin asignación plena de recursos para 2026.
Desde el Congreso del Estado, la diputada de Morena, Marcela Castillo, presidenta de la Comisión de Planeación, destacó que la planeación no es un mero trámite, sino la columna vertebral de todo gobierno.
“Estos planes son la guía fundamental para que los municipios definan y ejecuten proyectos que impacten directamente a la población, especialmente aquellos que dependen de recursos estatales y federales”, explicó Castillo.
Gasto en verdaderas necesidades de la población
La diputada detalló que, a raíz de reformas a la Ley de Desarrollo y Administración Municipal, los planes deben elaborarse por funcionarios certificados en administración pública.
“El objetivo es que quienes conocen a fondo las circunstancias sociales, económicas y demográficas de sus municipios sean quienes determinen las verdaderas necesidades de la población”, afirmó.
Por primera vez en la historia de Chiapas, 122 de los 124 municipios entregaron su plan, un hecho que la legisladora calificó como “un avance significativo y motivo de orgullo para la Comisión de Planeación y el Congreso del Estado”.
Estos planes fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado, donde se indicó qué municipios aprobaron con observaciones y cuáles sin ellas, siguiendo metodologías de evaluación alineadas a la Agenda 2030 y a los lineamientos estatales.
No obstante, Castillo señaló que muchos ayuntamientos incumplieron requisitos clave, como la entrega del certificado de competencias de los funcionarios responsables o el acta de cabildo validada.
“La ley establece un plazo de 30 días para que los municipios subsanen las observaciones y logren la aprobación final de su plan. Esto permite corregir errores y fortalecer la planeación de sus proyectos”, dijo.
Transparencia y cumplimiento de políticas
La diputada enfatizó que la intención del Congreso no es sancionar, sino acompañar a los municipios en la correcta elaboración de sus planes, asegurando transparencia y cumplimiento de políticas públicas en áreas como obras públicas, servicios, medio ambiente, educación y atención a la violencia contra mujeres y niñas.
Con este proceso, el Congreso busca fortalecer la planeación municipal, garantizar la transparencia en el uso de los recursos y consolidar la implementación de políticas públicas que respondan a las necesidades reales de la ciudadanía chiapaneca.
Finalmente, Castillo hizo un llamado a los presidentes y presidentas municipales para que aprovechen el plazo de 30 días y subsanen todas las observaciones, a fin de contar con planes municipales correctos, completos y alineados a las necesidades de sus habitantes.
Gobernar sin brújula
La falta de planes municipales aprobados representa un desafío para la inversión, la obra pública y la gobernabilidad local, advirtió Carolina Hernández Méndez, economista chiapaneca, quien explicó que un plan bien diseñado orienta el gasto público, define prioridades de inversión y evita duplicar programas o destinar recursos a obras sin impacto.
Según Hernández Méndez, la aprobación del plan municipal es un requisito para acceder a convenios y programas de cofinanciamiento.
“Sin un plan aprobado, los municipios quedan fuera de convenios y programas de cofinanciamiento. Eso significa menos obra pública, menos inversión en infraestructura y menor capacidad de generar empleos”, indicó.
La especialista también señaló que la ausencia de planeación limita la certeza de que los municipios pueden ofrecer a inversionistas y programas de fomento. Además, destacó que un plan establece metas, tiempos y responsables, elementos esenciales para evaluar resultados.
En este sentido, consideró que gobernar sin un plan aprobado tiene consecuencias directas sobre los recursos y la inversión.
“Un municipio que no tiene un plan aprobado gobierna sin brújula económica. No puede acceder a todos los recursos ni justificar el gasto ante Hacienda. Eso se traduce en menos inversión, menos obra y más rezago”, explicó.
Dependencia del Estado y Federación
Hernández Méndez subrayó la importancia de asignar correctamente cada peso, ya que, en estados como Chiapas, donde el 80 por ciento de los municipios dependen del gasto federal, no planear es condenarse al estancamiento.
Paradójicamente, entre los municipios más rezagados en la planeación se encuentran algunos de los más grandes y con mayores necesidades, como Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Villaflores, Comitán, Chenalhó, Aldama, Oxchuc y Chamula. Sin planes aprobados, no habrá programas sólidos de infraestructura, servicios públicos, atención a la violencia o protección ambiental. En un estado como Chiapas, esto no es un error técnico: es un riesgo social mayúsculo.
El tiempo corre para las y los presidentes municipales. Si no actúan en este periodo, 2026 podría iniciar con presupuestos recortados, proyectos detenidos y mayor desconfianza ciudadana. En Chiapas, los errores de planeación se pagan con pobreza y marginación social.
